El camino hacia la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030 ha entrado en una fase de máxima tensión. Al cierre de la recepción de impedimentos este jueves, la actual fiscal general, Consuelo Porras, se ha consolidado como la figura más cuestionada del proceso, acumulando un total de 33 tachas (impugnaciones) que buscan frenar su intento de permanecer en el cargo por tercer periodo consecutivo.
La Comisión de Postulación, que debe seleccionar una nómina de 6 candidatos finales, recibió objeciones contra un total de 18 postulantes. Sin embargo, el rechazo hacia Porras ha unido a voces del Congreso, autoridades indígenas y defensores de derechos humanos en un frente común que denuncia la pérdida de la “honorabilidad” necesaria para ejercer el cargo.
De acuerdo con el medio Guatemala Visible, durante el tercer y último día de recepción de señalamientos se presentaron 24 contra Porras, provenientes de actores clave que han sido críticos de su gestión.
De acuerdo con el citado medio, la lista de candidatos cuestionados se extendió durante este 12 de marzo con nuevas impugnaciones. Entre las que se destacan:
- Walter Brenner Vásquez Gómez recibió un señalamiento por parte de Mauricio Izquierdo Ávila
- Sully Claudet Merlos Moya fue objetada por Aura Nelly Gómez Barquez
- Hugo Alfredo Bautista del Cid enfrentó una tacha interpuesta por José Mynor Mérida Orozco.
Un historial bajo la lupa: Corrupción y falta de idoneidad
El abogado Eduardo Masaya fue uno de los primeros en formalizar su tacha, calificando la gestión de Porras como “corrupta y antidemocrática”. El jurista sostuvo que la fiscal carece de la honradez que exige la Constitución, recordando que ha sido sancionada por más de 40 países y señalada por el Departamento de Estado de EE. UU. en la Lista Engel.
“La tacha está interpuesta debido a que ella ha promovido un golpe de Estado tras la judicialización de las elecciones de 2023”, enfatizó Masaya, refiriéndose a las acciones del Ministerio Público (MP) contra los resultados electorales.
A este señalamiento se sumó el diputado José Chic, quien también presentó una tacha formal para que la Comisión descarte la candidatura de la actual fiscal.
Por otra parte, la diputada Andrea Reyes presentó documentación que demostraría un plagio en la tesis doctoral de Porras, un caso que ya había denunciado hace cuatro años y que ahora utiliza para ratificar su falta de idoneidad.
Voces de la sociedad civil y vigilancia indígena
La resistencia no es exclusivamente política. La defensora de derechos humanos Nanci Sinto, experta en Ciencias Jurídicas y Sociales, interpuso su propia tacha, sumando presión ciudadana al proceso.
Por su parte, las Autoridades Indígenas Mayas de Guatemala emitieron una advertencia contundente desde el Palacio de Justicia. Los líderes ancestrales señalaron que la sociedad mantiene una vigilancia estricta sobre la Comisión de Postulación para evitar que se repita el escenario de 2022, cuando una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) forzó la inclusión de Porras en la nómina final a pesar de los cuestionamientos.
“¡No permitiremos que la historia se repita!”, sentenciaron las autoridades indígenas, haciendo un llamado a la ciudadanía en todos los territorios para exigir una justicia independiente e imparcial y erradicar la impunidad.
El futuro inmediato
Este viernes 13 de marzo, la Comisión de Postulación, presidida por la magistrada Claudia Paredes, iniciará el análisis de admisibilidad para determinar qué tachas tienen fundamento legal.
En un país donde la justicia ha sido el epicentro de la crisis institucional, la decisión de la Comisión definirá si Guatemala apuesta por la continuidad del actual modelo o por una renovación en el ente encargado de la persecución penal.