El proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en Morales, departamento de Izabal, enfrenta un escenario de fuerte oposición comunitaria y revisión legislativa, tras la asignación de quinientos millones de quetzales como presupuesto inicial. El inicio de la obra, previsto para el primero de abril, ha gatillado protestas por el riesgo de inundaciones, impacto social y deterioro ambiental. La atribución sobre la selección del sitio la mantienen el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación, mientras la población local reclama alternativas por las amenazas a la producción agrícola y el tejido social, según lo manifestado en el desarrollo de una citación con las autoridades de gobierno.
La zona elegida para la penitenciaría ha sido arrasada previamente por tormentas como Eta, Iota, Agatha y Mitch, lo que ha causado la destrucción de más de cincuenta viviendas en cada evento, de acuerdo con la diputada Thelma Ramírez, representante de Izabal. Ramírez exigió un análisis de impacto ambiental riguroso, cuestionando la validez de edificar una cárcel en terrenos descartados antes para infraestructura comunitaria por su conocida propensión a desastres climáticos.
Ramírez, mediadora entre autoridades y residentes, lideró la citación a funcionarios del Ministerio de la Defensa Nacional con el objetivo de esclarecer los motivos de la selección del terreno. El general de brigada Germán Rodolfo Molina Hernández, viceministro de la Defensa Nacional, confirmó ante el pleno el monto de Q500 millones para la etapa inicial, gestionado por el Cuerpo de Ingenieros de la Defensa. Explicó que la decisión final sobre la ubicación se supeditará a los resultados de estudios técnicos de impacto territorial, riesgos y accesibilidad, aunque admitió ante diputados y vecinos: “todavía no nos han entregado los resultados”.
En la sesión parlamentaria, Ramírez destacó la paradoja institucional que representa la negativa previa a un gimnasio local por razones de riesgo, mientras una cárcel recibe luz verde bajo los mismos parámetros ambientales adversos. La legisladora subrayó: “No podemos construir un polideportivo, pero podemos construir una cárcel”, reflejando la contradicción en los criterios de los organismos estatales como el Ministerio de Cultura y Deporte.
Las pérdidas agrícolas y la amenaza al modo de vida local marcan la resistencia comunitaria
Los pobladores, respaldados por los COCODES y las autoridades municipales, han entregado peticiones formales para suspender el proyecto. Sus argumentos centrales se basan en la historia de inundaciones en la región, causada por la confluencia de ríos de origen hondureño y la baja cota del terreno respecto al nivel del mar.
Según Anabela Hernández Calderón, agricultora afectada, la calidad del suelo limita incluso el cultivo de maíz: “En mi parcela, tras excavar medio metro, aparece arena y agua. No podemos sembrar maíz; solo pasto. ¿Cómo van a construir entonces una cárcel de máxima seguridad si el mismo suelo no permite actividades agrícolas básicas?”. Hernández Calderón advirtió además que la presencia de maquinaria pesada y el avance de las obras ha generado temor entre los habitantes frente al riesgo de perder tierras y medios de subsistencia.
Plazos administrativos y alternativas bajo evaluación antes del inicio formal
El inicio de la ejecución está fijado para el 1 de abril, con un plazo de dieciocho meses para la conclusión de la obra, de acuerdo con el general Molina Hernández y documentación parlamentaria. Propuestas de sectores legislativos y sociales sugieren que se exploren terrenos decomisados al narcotráfico a través de la SENABEH —dependiente de la vicepresidencia— con el fin de evitar afectaciones a comunidades rurales productivas. La elección original del terreno obedeció a su estatus como “primera finca en extinción de dominio disponible”, pero la presión local y legislativa ha obligado a considerar alternativas y presentar opciones al Ejecutivo antes del comienzo de las obras.
Legisladores recordaron en el plenario, según registro del Congreso de Guatemala, que la decisión final sobre ubicación y especificaciones corresponde exclusivamente a los ministerios de Defensa Nacional y de Gobernación, aunque el presidente Bernardo Arévalo podría intervenir para modificar la localización.
La movilización en Morales persiste ante la amenaza de que la llegada de una nueva cárcel, sumada a la ya existente en Puerto Barrios, eleve los riesgos de extorsiones y profundice la vulnerabilidad social y ambiental en Izabal, considerado por sus habitantes como el “pulmón de la economía del país”.