Guatemala permanece bajo una condición de “restricción”, según el más reciente índice Chapultepec elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, la organización hemisférica de medios, que advierte una escalada de “terrorismo judicial” y presiones legislativas que limitan el ejercicio del periodismo, a pesar de compromisos públicos del Gobierno para abrir espacios.
El ranking regional, precisa la organización, muestra que la Sociedad Interamericana de Prensa subraya que la supervivencia del periodismo independiente depende más de la resistencia social y la presión internacional que de las garantías estatales. En su evaluación, el país está calificado por el índice Chapultepec con 45.2 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 13 de toda la región, según informó la agencia internacional de noticias EFE.
El informe de la SIP revela que, a pesar de que Guatemala mejoró cuatro lugares respecto al reporte anterior, el entorno sigue marcado por formas de persecución judicial. La organización acusa concretamente al Ministerio Público y las cortes de emplear el derecho penal como herramienta de criminalización contra periodistas críticos. El documento sostiene que el entorno ha llevado a varios profesionales a la autocensura o al exilio.
Además, el informe identifica que, pese al discurso oficial de protección de la prensa por parte del Gobierno encabezado por Bernardo Arévalo de León, la mayor influencia negativa sobre la libertad de expresión procede del sistema judicial y del Congreso. La SIP atribuye este diagnóstico no solo a las acciones institucionales, sino también a la persistencia de redes de impunidad y la continuidad de ataques físicos contra comunicadores, especialmente en áreas rurales.
Asesinatos, desapariciones y leyes restrictivas
Entre los episodios que revelan la vulnerabilidad del gremio, el informe menciona el asesinato de Ismael Alonzo González el 21 de marzo de 2025 y la desaparición de Milton René Polanco Orellana entre febrero y mayo de ese año. Estos hechos reflejan la gravedad del riesgo enfrentado por quienes ejercen el periodismo en el país.
La SIP también advierte sobre el peligro de nuevas leyes, como la Ley de Ciberseguridad, que pueden restringir la libre emisión del pensamiento en el entorno digital, ampliando la presión contra la prensa en plataformas tecnológicas.
Detención prolongada y ausencia de garantías
El caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín destaca los patrones de criminalización judicial. Según EFE, Zamora Marroquín permaneció en prisión preventiva desde julio de 2022 hasta febrero de 2026, totalizando casi cuatro años de detención antes de pasar a arresto domiciliario por cargos no probados.
Para la organización regional, el panorama en Guatemala está determinado por una combinación de amenazas legales, violencia física e iniciativas parlamentarias restrictivas. La SIP concluye que la supervivencia del periodismo local depende actualmente más de la sociedad civil y de la acción internacional que de los mecanismos de protección institucional disponibles en el país.