La actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2026-2041 avanza hacia su fase final con el objetivo de corregir las desigualdades persistentes en Guatemala.
El proceso, iniciado formalmente en 2025 y presentado en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), involucra a entidades públicas, organizaciones de mujeres y cooperación internacional.
Busca recuperar el acompañamiento institucional perdido entre 2012 y 2023. La actualización incorpora principios de igualdad, transparencia y enfoque territorial para garantizar la participación de todas las organizaciones de mujeres.
En el transcurso del proceso de actualización, se organizaron veintiséis talleres con entidades públicas y treinta y cinco talleres adicionales con el sector académico, cooperación internacional y agencias del sistema Naciones Unidas.
En total, participaron 862 mujeres y 167 hombres, alcanzando la cifra de 1.064 personas involucradas en la construcción de la nueva política, según la secretaria Ana Prudencia López Sales quien presentó el informe ante CONADUR. Estas actividades cubrieron los veintidós departamentos del país. Se realizó un enfoque especial en Alta Verapaz, Petén, Huehuetenango y Quiché, donde se implementaron procesos diferenciados para priorizar las necesidades territoriales identificadas por las organizaciones locales, incluyendo representantes de pueblos indígenas.
Dimensiones de desigualdad detectadas para la política 2026-2041
Los diagnósticos participativos revelaron cinco dimensiones que la política debe abordar: la brecha en la participación política de las mujeres en espacios de toma de decisión, la limitada autonomía económica, la persistencia de la violencia a lo largo de su ciclo de vida, la inequidad socioambiental y la debilidad en la gobernanza institucional tanto a escala nacional como territorial.
El abandono institucional de las mujeres, registrado entre 2012 y 2023, alcanzó no solo a la Secretaría Presidencial de la Mujer, sino que también implicó la falta de coordinación con autoridades territoriales y limitó la aplicación efectiva de los programas estatales.
Plan de acción y operativización de la nueva política
El borrador de la política para el periodo 2026-2041 propone un plan de acción estratégico, mecanismos de evaluación y un índice de desarrollo integral de las mujeres con indicadores de impacto concretos. El documento incluye un plan de equidad de oportunidades para su implementación técnica y exige que cada entidad pública y municipalidad asigne presupuesto propio para cumplir con los objetivos trazados.
La secretaria a cargo indicó: "Este nuevo instrumento exige la responsabilidad no solo del organismo ejecutivo, sino también de los gobiernos locales“, lo que permitirá una operativización integral y efectiva del marco de derechos individuales y colectivos de las mujeres guatemaltecas.
Con esta actualización se da un paso firme hacia un futuro más justo, equitativo y con pleno respeto a los derechos de todas las mujeres mayas, garífunas/afrodescendientes, xinkas, mestizas/ladinas en Guatemala.
El diseño de la PNPDIM responde a la necesidad de combatir la desigualdad y la inequidad de manera transversal en los ámbitos económico, social, político y cultural, orientando sus acciones de acuerdo a la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer y alineándose con compromisos internacionales. Esta política garantiza el desarrollo integral y la protección de los derechos de mujeres mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
La estructura de la PNPDIM articula 12ejes de política que son implementados a través de programas y proyectos a cargo de diversos ministerios y secretarías del Gobierno. Entre sus objetivos principales se destacan la prevención de la violencia, el impulso de la participación ciudadana y el fortalecimiento del empoderamiento económico femenino.
La Secretaría Presidencial de la Mujer subraya que el proceso de actualización, vigente desde 2025, busca consolidar la representación y diversidad de las mujeres, reforzando así la voluntad política del Estado guatemalteco para prevenir, sancionar y erradicar toda acción o conducta que provoque violencia física o económica por motivos de identidad.