El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la Empresa Petrolera del Itsmo, S.A. en la línea de flujo Chinajá-Rubelsanto debido a un derrame de petróleo que afectó el río San Román.
La decisión busca salvaguardar el acceso al agua y la seguridad de las comunidades de Chisec, Alta Verapaz y Sayaxché, en Peten, que dependen del río y sus afluentes, y estará vigente hasta que se verifique la eliminación del peligro ambiental.
En este contexto, el ministerio estableció que la compañía no podrá retomar sus actividades mientras no compruebe la aplicación efectiva de las medidas impuestas y la remoción completa del daño ecológico.
La notificación oficial también fue comunicada al Ministerio de Energía y Minas, garantizando la coordinación interinstitucional para asegurar la protección ambiental y la seguridad de los habitantes en las zonas impactadas.
La intervención se produjo tras una inspección realizada por el MARN a raíz de una denuncia ciudadana por contaminación a finales del mes de enero recién pasado. Técnicos confirmaron la presencia de petróleo sobre el agua y en la vegetación ribereña del río San Román, afectando gravemente el ecosistema local y exponiendo a la población a riesgos sanitarios.
En virtud del artículo 105 del reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, la suspensión afecta directamente al área operativa correspondiente a los bloques de Rubelsanto, Tierra Blanca, Caribe y Chinajá Oeste, todos bajo la administración de la Empresa Petrolera del Itsmo, S.A. La medida se mantendrá hasta comprobar el cumplimiento pleno de las exigencias ambientales.
Las medidas obligatorias que debe cumplir la petrolera incluyen: la limpieza integral y extracción de todos los hidrocarburos pesados presentes en el río San Román, así como en los cuerpos de agua secundarios y zonas ribereñas contaminadas.
Además, deberá implementar barreras físicas u otras tecnologías apropiadas para contener el avance del petróleo y realizar el retiro y disposición especializada del suelo afectado, conforme a normas ambientales vigentes.
Entre los requerimientos figura la presentación ante el MARN de un diagnóstico detallado del sistema de tuberías de transporte de hidrocarburos, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes. También se exige la ejecución periódica de muestreos y análisis de agua a lo largo del río, particularmente en puntos cercanos a las comunidades más impactadas, hasta certificar que ya no se detectan hidrocarburos peligrosos en el cauce.
El ministerio remarcó que el levantamiento de la medida dependerá de la entrega de pruebas contundentes del cumplimiento de estas acciones y de la total erradicación de la gente contaminante. Tras certificar las afectaciones, el MARN procedió a interponer una denuncia ante el Ministerio Público y anunció la ejecución de acciones legales y de seguimiento conforme a la normativa ambiental vigente.
Denuncias con relación a la contaminación de ríos en Guatemala, se han hecho públicas, en la historia reciente del país, una de ellas fue la ocurrida en 2015 cuando se planteo una queja en contra de la empresa REPSA el derrame de desechos industriales de palma aceitera, ocurrido en Sayaxché, Petén, generó la contaminación del río La Pasión y causó graves daños a la vida acuática y la salud de las comunidades Q’eq’chi’.
Las emergencias ambientales ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas ante la contaminación y las debilidades estructurales de los mecanismos de control ambiental en Guatemala. Las comunidades afectadas reclaman justicia y reparación por los daños sufridos.