La irrupción de agentes del Ministerio Público en el centro de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) trastocó el desarrollo de la segunda vuelta electoral para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad, una instancia decisiva para el sistema judicial de Guatemala.
La intervención dirigida por la fiscal Leonor Morales restringió el acceso a los recintos, generando una fuerte polémica sobre la transparencia y el curso del proceso democrático, mientras las autoridades insistían en que las votaciones continuaban y se aseguraba el “estricto cumplimiento de la ley” ante recientes denuncias por presuntos delitos penales.
En ese escenario, el Ministerio Público desplegó operativos de allanamiento en el Parque Erick Barrondo de Ciudad de Guatemala, el Club la Aurora provocando el cierre de accesos y prohibiendo el ingreso de personas ajenas al evento, incluida la prensa.
La fiscal Morales declaró que la intervención se fundaba en denuncias recibidas durante la primera vuelta de la elección, ocurrida la semana anterior, y recalcó que la investigación debía ejecutarse por mandato del artículo 151 de la Constitución guatemalteca: “El Ministerio Público está aquí para velar por el estricto cumplimiento de la ley. Por eso estamos acá, para velar por el estricto cumplimiento de la ley. No se va a secuestrar ninguna boleta electoral, no se va a interrumpir el evento. El mismo se podrá llevar a cabo de la forma, eh, correcta y respetuosa que se debe llevar acabo”, afirmó Morales en declaraciones recogidas en el lugar.
Pese al operativo y las dudas planteadas sobre su finalidad, las autoridades permitieron el ingreso de los abogados habilitados, confirmando que la votación seguiría su curso en los 29 centros desplegados a nivel nacional.
La controversia se agravó cuando la diputada oficialista Andrea Reyes, miembro del CANG, reclamó públicamente: “Por favor, dejen que los agremiados pasen a votar. Nosotros no vamos a ser quienes limitan eso... Es una actitud nefasta la de este Ministerio Público, que otra vez está viniendo a vulnerar un proceso electoral que está siendo manejado de forma transparente”.
Dentro de la tensión, la fiscal Morales rechazó las acusaciones respecto a la intención de “contaminar” el proceso y negó que hubiera secuestro de documentos electorales. Explicó que la diligencia estaba siendo documentada con audio y video y que la reserva parcial de las actuaciones obedecía a la protección del expediente: “Existe una reserva parcial de las actuaciones, es parcial y en virtud de ello, es que yo puedo salirles a informar lo que se va a llevar acabo”.
El ambiente se tensó más cuando se planteó la posibilidad de conflicto de interés, ya que uno de los candidatos es el actual secretario general de Política Criminal del Ministerio Público.
Ante esto, la fiscal sostuvo: “El Ministerio Público es independiente. La Fiscalía está realizando su labor deforma objetiva, imparcial e independiente. Yo, en lo particular... no estoy dentro de ninguna agrupación gremial que esté participando dentro de la presente acción.”
Mientras continua la votación a puertas cerradas, diversos abogados y observadores expresaron inquietudes sobre la objetividad y validez de los resultados futuros. Morales respondió a las críticas recalcando que “todos los abogados están votando de una forma libre. No hay ningún impedimento para que sean y están llevando a cabo su votación de la forma que...”. Además, aclaró que, según el reglamento interno, la prensa no podría ingresar al evento y que la labor fiscal se describía en la documentación de la investigación, no en la transmisión pública de los hechos.
Los motivos precisos de la investigación permanecen bajo reserva, aunque las autoridades mencionaron posibles delitos relacionados con la usurpación de funciones y uso de documentos falsos dentro del proceso de selección de magistrados. La jornada electoral, marcada por la presencia policial y la fiscalía, continua bajo un clima de tensión jurídica y política.