Un grupo de expresidentes internacionales liderado por Carlos Alvarado Quesada, exmandatario de Costa Rica, llegó este lunes a Guatemala para cumplir una misión de observación de las elecciones judiciales, según anunciaron el Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión y el Club de Madrid.
La delegación se mantendrá en el país durante los próximos tres días, periodo en el que tiene previsto dialogar con diversos sectores de la sociedad guatemalteca, incluidos líderes indígenas, funcionarios y periodistas.
El motivo central de esta visita es seguir de cerca el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los abogados que integrarán la Corte de Constitucionalidad, las instancias clave que supervisarán los comicios generales del próximo año y definirán la renovación de autoridades judiciales.
Además, durante este semestre se designará un nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, quien enfrenta sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción.
A su llegada, los representantes de la misión, entre quienes figuran también el exprimer ministro de Noruega, Kjell Magne Bondevik, y el exprimer ministro de Suecia, Stefan Lofven, se reunieron con el periodista José Rubén Zamora, así como con los líderes indígenas Héctor Chaclán y Luis Pacheco, ambos encarcelados y considerados “presos políticos” por sus seguidores, debido a la ausencia de cargos probados en su contra y su persecución judicial bajo la administración de Porras Argueta.
El expresidente Alvarado Quesada señaló que la misión busca “escuchar a una diversidad de voces” para formar un juicio propio sobre el proceso: “Nuestro primer paso es escuchar a los distintos actores de la sociedad guatemalteca”. Por su parte, Bondevik resaltó que las instituciones guatemaltecas desempeñan un rol decisivo de cara a los comicios del próximo año, en los que se elegirá presidente y vicepresidente para el periodo 2028-2032.
La transparencia en todas las designaciones judiciales y electorales fue identificada por los integrantes de la misión como elemento esencial. “Debemos evitar fuerzas que no son democráticas y la injerencia de grupos corruptos”, advirtió Bondevik en sus declaraciones.
Los que aspiran a dirigir la Corte
El proceso de elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) transcurrió a inicios de febrero bajo una fuerte disputa legal en la que distintos sectores buscaban limitar el universo de votantes, informó días atrás Prensa Libre.
En el último año, el interés por participar en las votaciones internas del Cang alcanzó cifras inéditas. De acuerdo con los datos de la misma organización, en los comicios para Junta Directiva y Tribunal de Honor de 2023 votaron más de 11 mil afiliados, mientras que en 2025 la participación superó los 19 mil, reflejando una tendencia creciente de involucramiento.
Este fenómeno también se evidenció en las votaciones del 13 de enero, cuando más de 18 mil colegiados eligieron a los representantes del Cang en la comisión de postuladora del Tribunal Supremo Electoral. Según Prensa Libre, la agrupación de abogados y profesionales afines cuenta con cerca de 50 mil agremiados, aunque el número puede variar.
En este contexto, acciones legales impulsadas por diversos actores buscan excluir del proceso a los profesionales de ciencias afines —como politólogos, sociólogos e internacionalistas—, integrados al Cang pero cuya participación se cuestiona por no poseer el título específico de abogado.