La Justicia de Guatemala se ha visto amenazada por graves riesgos de criminalización e ilegalidad en los actuales procesos de selección del nuevo fiscal general y la asignación de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC), según expuso el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) el viernes en una conferencia de prensa.
El informe preliminar fue presentado tras la segunda visita de la misión al país centroamericano.
El sistema judicial guatemalteco atraviesa una fase crítica marcada por la histórica persistencia de presiones políticas y criminalización de líderes indígenas y opositores.
Esto ha generado un clima de intimación que se refleja en los actuales procesos institucionales, tal como advirtió el PEI-GT. El panel internacional subrayó que las irregularidades provienen en parte de la Universidad de San Carlos (USAC), cuyo Consejo Superior Universitario sostiene autoridades con mandatos expirados.
Estas anomalías podrían invalidar decisiones clave en la elección de altos tribunales, debilitando el funcionamiento democrático y consolidando la inseguridad jurídica.
Riesgos institucionales y recomendaciones urgentes
El panel señaló que permitir a personas con cargos vencidos participar o influir en la elección de magistrados constituye un acto inaceptable que pone en entredicho la legitimidad de todo el proceso.
En su informe, el PEI-GT exigió a la corte guatemalteca implementar un mecanismo para dar trámite prioritario a los amparos relativos a las elecciones de segundo grado, con el objetivo de frenar tácticas que puedan retrasar o trastocar los nombramientos judiciales.
Entre las recomendaciones principales, el panel instó a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional a mantener una auditoría social constante sobre estos procesos.
El objetivo es contrarrestar cualquier intento de manipulación y fortalecer la vigilancia de las designaciones en el Estado.
Procesos clave en 2026 y observación internacional
La atención internacional se mantiene sobre Guatemala, ya que 2026 será un año decisivo para el rumbo democrático con la renovación no solo de la fiscalía general, sino también del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Todo esto ocurre bajo un ambiente de alta tensión ante la pugna por el control de las instituciones estatales más influyentes.
El panel de expertos, conformado por especialistas internacionales, concluirá su labor de observación una vez que finalicen las designaciones. En su informe, reiteró que únicamente un proceso transparente puede garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza en el marco institucional.
El PEI-GT recalcó en su documento oficial: "Resulta inaceptable que personas con mandatos expirados participen o influyan en la elección de magistrados“.
Denuncias de criminalización y recomendaciones
Los expertos advirtieron sobre un contexto de criminalización que abarca detenciones arbitrarias de líderes indígenas, amenazas dirigidas a candidatos de la oposición y acciones contra estudiantes universitarios que rechazan a las autoridades de la USAC.
Según los expertos, este escenario actúa como un elemento de presión que limita la participación democrática. A pesar de estas condiciones, el panel destacó la persistencia y el compromiso de sectores ciudadanos que siguen organizándose en defensa de la democracia.
En cuanto al gobierno, los especialistas valoraron que el presidente Bernardo Arévalo haya expresado su intención de establecer criterios claros para sus nombramientos. Sin embargo, recomendaron que dichos criterios, junto con los perfiles y procedimientos para la selección de magistrados de la corte y el fiscal general, sean publicados de manera oficial.
El panel con amplia experiencia en la observación de procesos judiciales y democráticos, comunicó que mantendrá su labor de seguimiento hasta que se completen todas las designaciones de autoridades en Guatemala.
Los integrantes del grupo recalcaron que únicamente un proceso caracterizado por la transparencia y el respeto a la legalidad podrá asegurar la independencia del sistema judicial en el país.