La violencia desatada por las pandillas en Guatemala cobró intensidad el pasado fin de semana, cuando un atentado armado dejó a diez policías muertos en represalia por la ocupación estatal de cárceles controladas por grupos criminales.
El presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio, después de los ataques vinculados a la pandilla Barrio 18, los cuales se produjeron en diversas localidades del país centroamericano.
Un análisis de AFP señala que recrudecimiento de las agresiones pandilleras, que obligó a Arévalo a aplicar una de las medidas de emergencia más drásticas, reveló la profunda crisis institucional y las tensiones políticas que atraviesa Guatemala.
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El deterioro del sistema penitenciario y la supuesta alianza entre ciertas élites políticas y redes criminales forman parte de un contexto donde la violencia se entrelaza con la lucha por el control del Estado.
Las raíces del estallido actual se remontan a julio de 2023, cuando el gobierno trasladó a cinco jefes de Barrio 18 a una prisión de máxima seguridad, después de detectar que, aun desde la cárcel, continuaban dirigiendo asesinatos, extorsiones y el tráfico de drogas.
Estos operativos provocaron disturbios y motines, y en octubre del mismo año ocurrieron fugas de detenidos con señales de complicidad de funcionarios, un episodio que forzó la destitución del entonces ministro de Gobernación y otros altos mandos.
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Redes criminales e inestabilidad política
La última serie de ataques no fue un hecho casual. Tanto el exfiscal Juan Francisco Solórzano como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en Estados Unidos, han declarado que la ofensiva obedece a operaciones deliberadas de redes político-criminales.
Solórzano señaló que existe “cero control” en el sistema penitenciario y criticó el desempeño de los servicios de inteligencia, que “no anticiparon los atentados”.
Estas acciones violentas coinciden con el proceso de renovación de cargos estratégicos, incluyendo la fiscalía general, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. Según Sandoval, se trata de un “mensaje” de opositores políticos contra Arévalo.
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Solórzano también advierte que “quieren sacar a Bernardo del poder”, sugiriendo que la protección de Consuelo Porras, fiscal general sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, fortalece a las pandillas e incentiva la inestabilidad.
Dentro del motín ocurrido en el penal Renovación I, el líder de la banda, Aldo Dupie, alias “El Lobo”, exigió su traslado a una prisión menos rigurosa, con comodidades como aire acondicionado, cama grande y servicios de restaurante. Tras la intervención de las fuerzas estatales, fue capturado y exhibido públicamente, acto que detonó la oleada de atentados.
Escalada regional y riesgos futuros
Los enfrentamientos entre Barrio 18 y Mara Salvatrucha —ambas catalogadas como organizaciones terroristas por Guatemala y Estados Unidos no solo afectan el entorno guatemalteco, sino que repercuten sobre la seguridad regional. Estas mafias mantienen actividades delictivas en Honduras, El Salvador y el territorio estadounidense.
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La estrategia de mano dura aplicada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador figura como antecedente cercano, aunque organizaciones humanitarias han criticado esa política por supuestas violaciones a los derechos humanos y presuntos pactos ocultos con facciones criminales, acusaciones que el mandatario salvadoreño ha negado reiteradamente.
Consuelo Porras aprovechó los recientes episodios para confrontar públicamente a Arévalo, a quien le exigió que asuma su responsabilidad en la crisis: “Sea serio, presidente, asuma su responsabilidad y póngase a trabajar”, declaró ante la prensa el miércoles, agudizando la disputa institucional.
El respaldo internacional hacia el gobierno de Arévalo es explícito. Sin embargo, el presidente advirtió que los ataques continuarían, atribuyéndolos a las “élites políticas criminales” que buscan mantener sus privilegios en un sistema permeado por corrupción, impunidad y negocios ilícitos. Solórzano subrayó que estos hechos buscan “legitimar la mano dura” con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.
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Entre los factores de mayor riesgo se destaca la capacidad financiera de las pandillas. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sostuvo en declaraciones a AFP que estos grupos pueden financiar campañas o impulsar a sus propios candidatos, planteando un desafío adicional al proceso democrático.
El dato de que alias “El Lobo” mantiene una relación sentimental con una sobrina de la líder opositora Sandra Torres, quien ha concurrido sin éxito a las tres últimas elecciones presidenciales, reveló la compleja red de vínculos entre el crimen organizado y la política guatemalteca.