El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, es el primer mandatario que arribó al país para participar del G-20. Tras su llegada, la ONG estadounidense Human Rights Watch reiteró el pedido a la Justicia argentina para que investigue su presunta responsabilidad en el crimen del periodista saudita Jamal Khashoggi en Turquía y los delitos de lesa humanidad en Yemen.
"Presentamos la denuncia porque no se puede investigar en Arabia Saudita ni en Yemen. Argentina es un país democrático que incorpora los principios de los derechos humanos y la justicia internacional", afirmó Reed Brody, abogado de la ONG. La presentación fue realizada por Kenneth Roth en nombre de Human Rights Watch. Recayó en el juzgado de Ariel Lijo y Ramiro González es el fiscal que instruye en el caso.
El letrado de la entidad internacional, además, recordó que Argentina, entre otros tratados, ratificó el convenio de Ginebra, "que obliga a un país donde se encuentra un presunto torturador o criminal de guerra a abrir o someter el caso a sus autoridades competentes". "Compete a las autoridades argentinas indagar sobre el presunto rol de sus crímenes", aseguró Brody, y añadió que Mohammed bin Salman "no goza de inmunidad".
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"Claro que es un momento sumamente político en Argentina; sabemos que el G-20 es un evento de trascendencia internacional, pero eso no le exime a las autoridades de sus responsabilidades. No decimos que harán lo necesario en los próximos días para arrestar a Mohammed bin Salman, pero se puede investigar, aprovechar de su presencia en territorio argentino para hacerle las preguntas sobre su presunto rol en el asesinato del periodista Khashoggi o de los crímenes es Yemen", señaló el abogado de Human Rights Watch a TN y Crónica.
En la argumentación ante la Justicia, la ONG planteó que "la Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas. Esto implica que las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de donde se cometan y de las nacionalidades de sus autores o víctimas".
Mohammed está sospechado de ser el instigador de las torturas y golpes del cadáver del periodista opositor en la embajada del reino en Estambul, que fue descuartizado y disuelto en ácido. Arabia Saudita reconoció el asesinato aunque rechazó que el poderoso príncipe heredero esté vinculado con él.
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MBS, como se lo conoce, es el primer líder en llegar al país y lo hizo junto a su comitiva al aeropuerto internacional Ministro Pistarini en la ciudad de Ezeiza a bordo de un Boeing 747-400 de la flota oficial del gobierno saudita.
A comienzos de esta semana un Boeing 777 de la aerolínea estatal saudita Saudia ya había aterrizado en Argentina, presuntamente con miembros de la delegación o carga logística requerida.
El príncipe heredero se hospeda en la embajada de Arabia Saudita en Buenos Aires, que en los últimos días comenzó a ser refaccionada para tal fin, incluyendo la colocación de vidrios blindados. Está ubicada en el exclusivo Barrio Norte, en Avenida Libertador 2141.
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El pedido contra el saudita está en manos del fiscal Ramiro González que evalúa tres caminos: si entiende que debe aplicar el artículo 117 de la Constitución que establece como competencia originaria de la Corte Suprema "todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros", entonces derivará el asunto al máximo tribunal; si no lo deriva, puede decidir estudiar si lo que plantea la ONG son efectivamente delitos de lesa humanidad; o directamente puede rechazar de plano su competencia.
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