La sanction contre José Israel Torres Gutiérrez, consistant en une interdiction de 10 ans de travailler dans la fonction publique, ainsi que l'obligation de payer une amende de 370 millions de pesos pour les irrégularités qu'il a subies au sein de l'ancien ministère du Développement social (Sedesol), est restée ferme.
Après un examen de la liste des fonctionnaires sanctionnés pour leur relation avec l'opération dite « master scam », il a été confirmé que la sanction imposée à Torres Gutiérrez est maintenue malgré les contestations qu'il a déposées devant diverses instances jusqu'à atteindre la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) .
Le ministère de la Fonction publique (SFP) a indiqué que la sanction financière de plus de 370 millions de pesos imposée à cet ancien fonctionnaire par l'Organe de contrôle interne (ICO) de l'agence, qui s'appelle maintenant le Secrétariat à la protection sociale, était ferme.
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