Estados Unidos aplica nuevos criterios para solicitar la Green Card en octubre: qué deben saber los inmigrantes

Estados Unidos aplica en octubre nuevas reglas para quienes solicitan la green card. Los cambios permiten que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) considere un grupo más amplio de beneficios públicos dentro de la evaluación de ciertas solicitudes de residencia permanente. El uso de una ayuda no deriva automáticamente en el rechazo del trámite. Según USCIS, cada expediente debe ser revisado de forma individual.

Las disposiciones rigen desde el 18 de septiembre de 2026 y afectan a quienes presentan el Formulario I-485 para ajustar su estatus a residente permanente legal dentro de Estados Unidos. La revisión corresponde a los solicitantes que no están exentos de la causal de inadmisibilidad por carga pública. De acuerdo con USCIS, los funcionarios deben evaluar las circunstancias económicas, familiares, laborales, educativas y sanitarias de cada persona.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la regla final el 20 de julio de 2026 y dejó sin efecto la regulación de carga pública aprobada en 2022. En octubre, por lo tanto, el sistema ya se encuentra en funcionamiento para los formularios enviados por correo o presentados en línea desde el 18 de septiembre. Según el Registro Federal, el cambio amplía la información que puede valorar USCIS, aunque mantiene una evaluación basada en el conjunto de circunstancias de cada caso.

¿Qué nuevos criterios aplica Estados Unidos para solicitar la green card?

La modificación elimina los límites que imponía la regulación de 2022 sobre los beneficios que podían ser considerados. Bajo ese marco, USCIS se centraba en la asistencia pública en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos y en la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno. Desde septiembre, los funcionarios pueden evaluar otros beneficios públicos sujetos a verificación de recursos económicos, de acuerdo con el DHS.

Estos programas son aquellos cuya elegibilidad depende de los ingresos, los activos o la necesidad financiera de una persona o de su grupo familiar. La norma contempla la posibilidad de evaluar ayudas de alimentación, vivienda, salud, educación y otros beneficios similares que cumplan con ese requisito. Según el Registro Federal, no existe una lista cerrada de programas porque USCIS debe determinar, en cada expediente, si la prestación está sujeta a una evaluación de recursos.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad exige revisar cinco factores básicos: edad, salud, situación familiar, bienes, recursos y condición financiera, educación y habilidades. Los funcionarios también pueden valorar la declaración jurada de patrocinio económico, conocida como Formulario I-864, cuando el trámite la requiera. De acuerdo con USCIS, la agencia puede incorporar cualquier otra información que sea relevante para establecer la probabilidad de que el solicitante dependa de asistencia pública.

La regla no establece controles específicos para latinos, hispanohablantes ni ciudadanos de una nacionalidad determinada. Su alcance depende de la categoría migratoria de cada persona y de las exenciones previstas por la ley. Según el Registro Federal, la causal de carga pública puede aplicarse a solicitudes de admisión y ajuste de estatus, sin referencias a raza, etnia, idioma o país de origen.

¿Medicaid y SNAP pueden afectar una solicitud de green card en 2026?

Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y otros beneficios sujetos a requisitos de ingresos pueden ser considerados dentro de la revisión migratoria. El DHS menciona entre los ejemplos la asistencia en efectivo, los subsidios de vivienda, los programas de alimentos, la ayuda financiera universitaria y otras prestaciones financiadas por organismos públicos. Según el Registro Federal, la evaluación se limita a las ayudas que dependen de criterios económicos.

La recepción de estos programas no basta para determinar que una persona es inadmisible. USCIS debe valorar el tipo de asistencia, el monto, el período durante el cual fue recibida, la fecha, el motivo y la posibilidad de que la situación económica se prolongue. Recibir Medicaid o SNAP no implica por sí solo que una solicitud de residencia sea rechazada, según la explicación oficial del DHS.

La decisión también puede incluir información sobre empleo, ingresos, activos, estudios, formación profesional, habilidades laborales, apoyo de familiares y patrocinadores económicos. El análisis tiene carácter prospectivo: busca establecer si una persona puede llegar a depender de asistencia estatal en el futuro. De acuerdo con USCIS, la agencia debe resolver cada solicitud según el conjunto de datos disponible y no basarse en un único antecedente.

Hay programas que no ingresan en esta evaluación porque no dependen de ingresos o patrimonio. Entre ellos se encuentran las prestaciones del Seguro Social vinculadas a aportes laborales, los pagos por desempleo, las pensiones gubernamentales y los beneficios para veteranos. Según el Registro Federal, estos programas no se consideran ayudas sujetas a verificación de recursos y, por lo tanto, no forman parte de la evaluación por carga pública.

¿Qué beneficios considera USCIS antes y después del 18 de septiembre de 2026?

La fecha en que se presenta el Formulario I-485 define qué norma corresponde aplicar. Las personas que enviaron la solicitud antes del 18 de septiembre de 2026, y cuyos expedientes fueron aceptados por USCIS, permanecen bajo el marco de 2022 aunque la agencia tome una decisión meses después. Según USCIS, los trámites pendientes no pasan al nuevo régimen por el solo hecho de seguir en estudio.

Para los beneficios recibidos antes de esa fecha, USCIS conserva el criterio anterior. En general, solo puede valorar asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el Estado. Medicaid, SNAP y otras ayudas antes excluidas no se consideran si fueron recibidas únicamente antes del 18 de septiembre de 2026, según el Registro Federal.

La situación cambia si una persona fue aprobada para un programa antes de esa fecha y continuó recibiéndolo luego de la entrada en vigor de la regla. En ese caso, USCIS puede examinar la ayuda correspondiente al período posterior. De acuerdo con el DHS, el solicitante puede aportar pruebas de que se dio de baja del beneficio, retiró su solicitud o notificó a la agencia administradora que ya no deseaba recibir la prestación.

Los beneficios de cónyuges, hijos u otros familiares no se atribuyen automáticamente al solicitante de la green card. USCIS no exige, de manera general, que se informen esas prestaciones dentro del I-485. Según el Registro Federal, esos datos pueden resultar relevantes si muestran que el solicitante depende económicamente de la ayuda recibida por un familiar o si debe mantener legalmente a una persona beneficiaria debido a la insuficiencia de sus propios ingresos.

¿Qué versión del Formulario I-485 se debe usar para solicitar la green card?

USCIS reemplazó el formulario utilizado para el ajuste de estatus. La edición 09/18/26 del Formulario I-485 sustituyó a la versión 01/20/25 e incorporó preguntas adaptadas a la nueva evaluación de carga pública. Según USCIS, el documento pide información sobre la solicitud, aprobación o recepción de beneficios sujetos a verificación de recursos.

La agencia no otorgó un período de transición entre ambas ediciones. USCIS aceptó la versión 01/20/25 solo cuando fue enviada por correo o presentada de forma electrónica antes del 18 de septiembre de 2026. Desde entonces, la agencia rechaza los formularios anteriores y admite únicamente el documento vigente. De acuerdo con USCIS, la fecha del matasellos o del envío digital define qué edición es válida.

El nuevo formulario requiere que el solicitante detalle los beneficios recibidos, las fechas, los montos cuando sean aplicables y las razones por las que obtuvo la ayuda. Las instrucciones también indican que esos montos no deben incluirse como ingresos del hogar cuando provengan de prestaciones sujetas a evaluación económica. Según el Registro Federal, USCIS puede solicitar documentación adicional para aclarar o verificar la información declarada.

Una solicitud incompleta o con datos contradictorios puede derivar en un pedido de pruebas adicionales o en una notificación de intención de denegar. USCIS también puede rechazar un formulario que no cumpla con los requisitos formales de presentación. De acuerdo con USCIS, estas medidas forman parte de los procedimientos habituales de la agencia antes de que emita una decisión definitiva en determinados expedientes.

¿Quiénes están exentos de la regla de carga pública para la green card?

La causal de carga pública no se aplica a todos los solicitantes de residencia permanente. Las exenciones legales incluyen, entre otros grupos, a refugiados, asilados, sobrevivientes de violencia que ajustan bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, beneficiarios de estatus T y U, jóvenes inmigrantes especiales y ciertos solicitantes cubanos y haitianos. Según USCIS, estas excepciones se mantienen porque fueron establecidas por el Congreso.

En casos específicos, USCIS puede invitar a una persona declarada inadmisible solo por carga pública a presentar una fianza. El trámite se realiza mediante el Formulario I-945 y requiere una invitación formal de la agencia; el solicitante no puede iniciarlo por cuenta propia. De acuerdo con el DHS, la fianza funciona como una garantía económica y puede permitir la aprobación del ajuste de estatus bajo condiciones determinadas.

Quienes presenten una solicitud de residencia en octubre deben verificar que usan la edición vigente del I-485 y reunir la documentación necesaria sobre beneficios, empleo, ingresos, activos y patrocinio económico. Según USCIS, la agencia analizará cada expediente de manera individual y tendrá en cuenta tanto las prestaciones recibidas como las pruebas que el solicitante presente para acreditar su situación financiera y su capacidad de autosuficiencia.