Los cancilleres de la OEA se reúnen hoy en Washington para aprobar una resolución que exige al régimen de Nicaragua terminar con la represión ilegal y reinstaurar el derecho al voto, que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminaron para perpetuarse en el poder.
La resolución presentada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana puede caer por la posición geopolítica de Brasil, México y Uruguay.
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Los representantes diplomáticos de Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi se resisten a convalidar artículos que condenan la presencia de tropas militares y agentes de inteligencia enviados por China, Rusia e Irán.
Además, por instrucción de sus respectivas presidentes, los embajadores Benoni Belli (Brasil), Alejandro Encinas Rodríguez (México) y Edison Lanza (Uruguay) rechazan las disposiciones legales que denuncian la minería ilegal y la delincuencia trasnacional, que son la base financiera y económica del régimen nicaraguense.
Acorde al último borrador de la resolución de la OEA, que Infobae accedió de manera exclusiva, estos son los párrafos que rechazan Brasil, México y Uruguay alegando el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países:
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-“EXPRESANDO consternación por las actividades del personal de seguridad e inteligencia extra-hemisférico, tecnología, capacidades e instalaciones que puedan facilitar la represión interna, la vigilancia transnacional ilegal u otras conductas que amenazan la paz y seguridad hemisféricas”.
-“REITERANDO que muchos de esos actos, prácticas y políticas, así como la minería ilegal y las actividades de la delincuencia organizada transnacional vinculadas a ella, que tienen efectos extraterritoriales que pueden poner en peligro la paz y la seguridad del Hemisferio, incluidos sus efectos sobre el medio ambiente y la seguridad pública de los Estados vecinos”
-“RECORDANDO que la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países en la región”
-“Retirar de Nicaragua personal de seguridad, la tecnología, los medios y las instalaciones procedentes de fuera del Hemisferio cuya presencia amenacen la paz y la seguridad hemisféricas, y poner fin a los acuerdos de seguridad y defensa relacionados”.
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Se necesitan 24 votos para aprobar la resolución que exige el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua, y hasta anoche ese número de respaldos estaba en duda, por la posición intransigente de Brasil, México y Uruguay.
El 19 de julio, durante un acto oficial para reivindicar a la Revolución Sandinista, Daniel Ortega anunció que se iban a abolir los derechos electorales en Nicaragua.
“No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder. (...) Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al Gobierno. ¡Jamás, jamás, jamás!”, anunció el dictador nicaraguense.
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El primero de septiembre, bajo las órdenes de Ortega-Murillo, se aprobó en la Asamblea Nacional de Nicaragua esta reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en elecciones y extiende el período presidencial de seis a siete años.
Esta decisión política implicó que no hubiera elecciones presidenciales el próximo 1 de noviembre, y que los dictadores Ortega y Murillo tengan la posibilidad de mantenerse en el poder hasta 2033.
Ortega cumple 81 años en noviembre, y asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo, tras cometer fraude en los comicios de 2021.
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Murillo tiene 75 años, y junto a su esposo Ortega son dictadores de Nicaragua desde 2017.
Sin acuerdo político final entre los dos bloques enfrentados que lideran Lula da Silva y Donald Trump, la Cumbre de Cancilleres de la OEA está convocada a las 11 AM (hora del este).
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