Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 28 de septiembre una política de restricciones de visas para ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a quienes atribuye actos de corrupción o narcotráfico que afecten a gobiernos elegidos democráticamente. Las medidas alcanzan a personas identificadas de forma individual y, en varios casos, a sus familiares directos. El anuncio no impone una prohibición general de ingreso ni modifica de forma automática las condiciones para el resto de los viajeros de esos cuatro países, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La medida se apoya en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición que permite impedir el ingreso de extranjeros si su presencia o sus actividades previstas pueden tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense. El Departamento de Estado también aplicó una designación pública bajo la sección 7031(c) de la ley de asignaciones de 2026 contra el fiscal general boliviano Roger Mariaca, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Washington presentó la iniciativa como parte de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y ratificados el 22 de septiembre en una declaración de líderes de la iniciativa Escudo de las Américas. El gobierno estadounidense sostuvo que el mecanismo permitirá coordinar sanciones, restricciones de viaje y otras acciones contra personas vinculadas con hechos que, según su evaluación, debiliten la seguridad, el Estado de derecho y las instituciones democráticas de la región, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Qué significa la nueva restricción de visas de Estados Unidos para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú?

La decisión afecta a ciudadanos concretos, no a la totalidad de las poblaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Departamento de Estado indicó que la política apunta a extranjeros que hayan socavado a gobiernos democráticamente elegidos a través de actividades de corrupción o narcotráfico. Esa formulación delimita el alcance de las medidas y descarta que exista una cancelación masiva de visas por nacionalidad, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El vocero de la cartera diplomática, Thomas “Tommy” Pigott, señaló que “los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente en Estados Unidos” bajo la administración de Donald Trump. La declaración acompañó la presentación de un mecanismo que la autoridad estadounidense definió como duradero y aplicable a medida que surja información sobre nuevos casos en la región, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La política contempla dos consecuencias principales. La primera es la revocación de visas ya emitidas a personas identificadas por Washington. La segunda es la declaración de inelegibilidad para quienes no posean una visa vigente, lo que les impide obtenerla salvo una revisión posterior de las autoridades migratorias. En ambos supuestos, las restricciones pueden extenderse a familiares inmediatos, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Para viajeros sin una medida individual en su contra, el comunicado no anuncia cambios en las reglas generales de ingreso, los procesos consulares ni las categorías habituales de visas. Las solicitudes de turismo, negocios, estudios, empleo o inmigración continúan sujetas a los procedimientos ordinarios y a la evaluación particular de cada expediente, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿A quiénes revocó Estados Unidos las visas en Bolivia?

Bolivia concentra la mayor cantidad de casos incluidos en la comunicación oficial. Estados Unidos informó restricciones para 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos, con la revocación de documentos de viaje vigentes. La lista comprende fiscales, jueces, un exministro, un oficial de policía, un exfuncionario aduanero y un empresario, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Entre los nombres difundidos figuran el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; la jueza Albania Chane Caballero Saavedra; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores; la jueza Rosario Ximena Flores Paniagua; el exministro de Justicia y Transparencia Institucional Iván Lima Magne; y el empresario José Luis Iriarte Cussi. La nómina también incluye a otros funcionarios vinculados con la administración de justicia y la Policía Boliviana, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La cartera diplomática añadió que nueve bolivianos que no tenían visas vigentes quedaron generalmente inhabilitados para recibirlas. La medida también involucra a sus familiares inmediatos, aunque el texto oficial no publicó la identidad de esas nueve personas ni detalló las acusaciones atribuidas a cada una, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El comunicado no informa si los afectados recibieron notificaciones individuales antes de la divulgación pública ni precisa los mecanismos administrativos disponibles para solicitar una revisión. Tampoco establece plazos para una eventual modificación de las restricciones, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos designó al fiscal general boliviano Roger Mariaca?

En una decisión separada de las revocaciones de visas, Estados Unidos designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, bajo la sección 7031(c) de la ley de asignaciones de 2026. El Departamento de Estado afirmó que la designación alcanza también a los familiares directos del funcionario, quienes pasan a ser generalmente inelegibles para entrar al país, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Washington sostuvo que Mariaca utilizó sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos que facilitarían actividades de narcotráfico y permitirían que criminales violentos evitaran la acción judicial. La comunicación estadounidense presentó esas acusaciones como fundamento de la medida, sin informar sobre un proceso penal en territorio estadounidense ni aportar documentos judiciales adicionales en el anuncio, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La sección 7031(c) obliga al secretario de Estado a realizar designaciones públicas o privadas contra funcionarios extranjeros y familiares inmediatos cuando exista información que el Gobierno estadounidense considere creíble sobre participación en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos. La medida es migratoria y no constituye, por sí sola, una sentencia judicial, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Qué personas de Colombia, Ecuador y Perú fueron alcanzadas por las restricciones?

En Colombia, el Departamento de Estado anunció la revocación de visas para dos ciudadanos y sus familiares directos. El texto oficial identifica a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y al empresario Euclides Antonio Torres Romero. La comunicación no especifica qué conductas atribuye a cada uno de ellos ni detalla los antecedentes evaluados para adoptar la decisión, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Para Ecuador, Washington confirmó restricciones contra dos ciudadanos ecuatorianos y señaló que sus visas fueron revocadas. A diferencia de las medidas adoptadas para Bolivia, Colombia y Perú, el comunicado no publicó los nombres de los afectados. La fuente institucional tampoco indicó sus cargos, actividades profesionales o la naturaleza de los hechos examinados, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En Perú, la medida alcanzó al juez Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y a sus familiares directos. El Departamento de Estado informó la revocación de las visas existentes, sin ampliar en el documento las razones específicas vinculadas con el caso ni anunciar procedimientos adicionales, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En total, la comunicación menciona restricciones para 12 bolivianos con visas revocadas, nueve bolivianos declarados inelegibles sin visa vigente, dos colombianos, dos ecuatorianos y un peruano. La designación del fiscal general Mariaca constituye una acción adicional, bajo otra base legal, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

¿Qué cambia para los viajeros tras las restricciones de visas de Estados Unidos?

Las personas identificadas por Estados Unidos no podrán usar las visas revocadas para ingresar a ese país. Quienes hayan sido declarados inelegibles tampoco podrán obtener el documento mientras la medida permanezca vigente. Los familiares directos incluidos en cada decisión pueden enfrentar la misma limitación migratoria, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El anuncio no incorpora requisitos nuevos para ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que no estén mencionados en resoluciones individuales. Tampoco altera el funcionamiento general de embajadas y consulados estadounidenses ni anuncia restricciones para pasaportes emitidos por esos países, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La cartera diplomática señaló que aplicará la política conforme desarrolle información y en coordinación con los países participantes de Escudo de las Américas. Por ahora, los casos comunicados el 28 de septiembre definen el alcance público de la medida, mientras eventuales nuevas decisiones dependerán de anuncios posteriores de las autoridades estadounidenses, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.