Este miércoles 16 de septiembre de 2026, antes del amanecer, agentes federales rodearon varias casas del área metropolitana de Los Ángeles. No buscaban traficantes ni líderes de bandas. Buscaban a directivos de organizaciones benéficas.
A las puertas de una de esas casas, una mujer salió con los brazos en alto. En otra dirección de la ciudad, un hombre no abrió la puerta.
PUBLICIDAD
Lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) expuso esa mañana fue un problema que va más allá de los acusados: durante años, al menos USD 12 millones destinados a las personas más vulnerables de California fluyeron hacia cuentas privadas sin que nadie lo detuviera.
Los Ángeles tiene la segunda mayor población de personas sin hogar del país —más de 45.000 según el recuento de 2024— y destina cientos de millones anuales a combatirlo. Una parte de ese dinero, según informó Fox News, nunca llegó a quienes debía.
Fondos millonarios, auditorías escasas
La ciudad y el condado canalizan esos fondos a través de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), un organismo conjunto creado en 1993 para coordinar los programas de vivienda y asistencia social.
PUBLICIDAD
Gran parte de esos fondos —provenientes de fuentes municipales, estatales y federales— llega a manos de organizaciones sin fines de lucro que, bajo contrato, proveen vivienda transitoria, servicios sociales y asistencia a personas en situación de calle.
El sistema, descentralizado y con controles débiles, creó lo que los fiscales describieron como un entorno propicio para el fraude sostenido.
En la conferencia de prensa del 16 de septiembre, el fiscal federal interino Bill Essayli sostuvo que “la escala y la desfachatez de estos defraudadores exponen un fracaso profundo del Estado de California y el Condado de Los Ángeles en la protección de los fondos públicos”, según recogió Los Angeles Times.
PUBLICIDAD
Los tres casos anunciados ese día son independientes entre sí, pero comparten el mismo patrón: organizaciones que facturaban servicios que no prestaban, beneficiarios que nunca existieron y fondos públicos reorientados al enriquecimiento personal de sus directivos.
Home At Last facturó 118 millones al Estado y usó el dinero para negocios propios, según la fiscalía
Michael Young, 46 años, fundó Home At Last, con sede en Culver City, según documentos del DOJ. La organización recibió más de USD 118 millones en contratos públicos desde 2019, de los cuales más de USD 75 millones provinieron de LAHSA.
Young se presentaba como un referente del sector y emprendedor social que había construido una de las ONG de vivienda para indigentes más grandes del área metropolitana.
PUBLICIDAD
Detrás de esa imagen, según la acusación federal, operaba un esquema basado en empresas pantalla. Young habría creado sociedades que se presentaban como contratistas independientes de Home At Last, pero que en realidad estaban bajo su control.
A través de ese mecanismo, la fiscalía estima que desvió al menos USD 7,5 millones mediante facturación fraudulenta. LAHSA canceló sus contratos con la organización en junio de 2026, según consta en la denuncia penal citada por Los Angeles Times.
El dinero supuestamente desviado no fue a una sola cuenta. Los fiscales detallaron que Young utilizó los fondos para abrir y operar Six Seven Five Lounge, un restaurante y discoteca de alta gama en el barrio de Inglewood, con un costo superior a USD 1 millón; para financiar un salón de bingo adyacente al local; para pagar unas vacaciones de lujo en Tahití que costaron cerca de USD 50.000, y para restaurar un Chevrolet Impala de época por USD 140.000, según consta en la acusación federal.
PUBLICIDAD
El esquema paralelo que alimentó el fraude
A Young lo une al caso una segunda persona por un camino distinto. Lakiya Malone, 48 años, era empleada de Special Service for Groups, otra ONG del área. No acumuló contratos millonarios. Cobró sobornos.
La fiscalía la acusa en una imputación de 21 cargos de haber recibido más de USD 180.000 en pagos de Alexander Soofer, director ejecutivo de la ONG Abundant Blessings, de acuerdo con la documentación judicial.
A cambio, Malone habría priorizado las derivaciones de beneficiarios hacia los programas administrados por Abundant Blessings, incluidos participantes “fantasma”: personas anotadas en registros de vivienda que nunca pisaron esos sitios.
PUBLICIDAD
Sus expedientes contenían cartas de bienvenida falsas, planillas de asistencia adulteradas y formularios de elegibilidad falsificados, según la acusación.
Soofer fue imputado por separado en una instancia anterior. Acordó declararse culpable de fraude electrónico y lavado de dinero.
Admitió haber obtenido USD 23 millones en fondos públicos de esos mismos programas y haberse quedado con al menos USD 2 millones para sí mismo y para negocios ajenos a los programas, según informó el DOJ.
PUBLICIDAD
El CEO de The Big Blue Umbrella gastó la subvención en su propia fianza y en PlayStation
Donye Mitchell, 55 años, dirigía The Big Blue Umbrella, una organización que recibió más de USD 1,2 millones de la Fundación Amity, un organismo sin fines de lucro financiado con fondos del Condado de Los Ángeles.
Según la fiscalía, Mitchell habría mentido en la solicitud de esos fondos sobre la capacidad de su organización para prestar servicios y luego habría seguido mintiendo en los informes de seguimiento.
La Fundación Amity terminó su contrato con The Big Blue Umbrella en mayo de 2025, tras haber desembolsado más de USD 300.000, con preocupaciones sobre el uso de los recursos, según Los Angeles Times.
Entre los gastos personales que Mitchell habría financiado con esos fondos, la fiscalía menciona el pago de su propia fianza tras un arresto por violencia doméstica y agresión en 2024, deudas de tarjetas de crédito, transferencias a familiares, alquiler y cargos de PlayStation, de acuerdo con la acusación federal.
El FBI desplegó operativos simultáneos en toda el área metropolitana
Esa mañana, agentes del FBI desplegaron operativos simultáneos en distintos puntos del área metropolitana.
Las imágenes difundidas por la agencia AP mostraron a efectivos con chalecos antibalas apostados frente a residencias privadas.
En una de esas casas, Malone salió por su propia puerta con los brazos en alto y fue detenida sin resistencia.
Young también quedó detenido, de acuerdo con el DOJ. Ninguno de los dos había ingresado una declaración formal al momento de publicarse los primeros reportes y sus abogados no respondieron a los pedidos de comentarios de los medios, según consignó Los Angeles Times.
Mitchell no estaba en el lugar que los agentes esperaban encontrarlo. En la conferencia de prensa posterior, el fiscal interino Essayli lanzó una advertencia directa: “Si usted o alguien que conoce ha defraudado dinero destinado a personas sin hogar, le sugiero que se entregue a las fuerzas del orden. Si no lo hace, la próxima puerta que derriben puede ser la suya”, según citó Fox News.
El secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Scott Turner, también estuvo presente y usó el momento para criticar directamente a LAHSA.
“Los días en que estos expertos en fraude electrónico vuelan en jets privados, pasean en Range Rovers por Beverly Hills y se dan la gran vida han terminado”, dijo Turner, cuyas declaraciones recogió Fox News.
La evidencia que acumula la fiscalía
Los tres casos, aunque anunciados de forma conjunta, tramitan por separado en el sistema federal y los tres acusados enfrentan cargos de fraude electrónico. Malone acumula además soborno y lavado de dinero.
La investigación combinó el trabajo del FBI con el DOJ y el HUD. Según los documentos judiciales citados por los medios, la evidencia incluye registros financieros de las ONG, contratos públicos con LAHSA y el condado, facturas de las supuestas empresas pantalla de Young, registros bancarios que mostrarían los pagos a Malone, y la documentación interna de The Big Blue Umbrella con reportes falsificados.
La fiscalía también señaló que el mecanismo de “clientes fantasma” requería la participación activa de Soofer del lado de Abundant Blessings y de ella del lado de Special Service for Groups. La acusación describe cómo los archivos de esos beneficiarios ficticios fueron construidos con documentos adulterados para superar los controles administrativos.
Turner aprovechó su presencia para responsabilizar a LAHSA por falta de supervisión. En respuesta, el organismo emitió un comunicado en el que afirmó que ninguno de sus empleados está implicado en los casos y que coopera con los investigadores federales, según Los Angeles Times.
Hasta el momento, los cargos contra los tres acusados eran imputaciones, no condenas. En el sistema federal de Estados Unidos, la presunción de inocencia se mantiene hasta que un jurado o un juez emita un veredicto.
Un prófugo, dos imputados sin declaración y un cuarto acusado camino a declararse culpable
Mitchell continúa sin ser localizado. Young y Malone fueron procesados pero aún no habían formalizado su declaración ante el tribunal, según los reportes disponibles. El caso de Soofer avanza hacia una audiencia de declaración de culpabilidad.
La administración Trump presentó los arrestos como parte de una campaña más amplia contra el fraude en programas sociales.
Según informó KPBS, fue el segundo operativo de ese tipo en el área de California del Sur en esa misma semana.
LAHSA, el organismo que distribuyó la mayor parte del dinero involucrado en el caso, enfrenta ahora un escrutinio político y mediático sobre sus mecanismos de auditoría. “El contribuyente no se inscribió para financiar esta discoteca”, dijo Essayli ante los medios.
PUBLICIDAD