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El Congreso de Estados Unidos vota para que los centros de datos de IA paguen su propia electricidad y no la carguen a los hogares

Con 417 votos a favor y solo tres en contra, la Cámara de Representantes dio un paso inédito para evitar que las familias estadounidenses subsidien la expansión de la industria que mueve la inteligencia artificial

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ratepayer Protection Act por 417 votos a favor y 3 en contra. (REUTERS/Jim Young)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 16 de septiembre la Ratepayer Protection Act (Ley de Protección a los Contribuyentes de Servicios Públicos), un proyecto de ley que busca evitar que los hogares paguen en sus facturas de electricidad los costos de infraestructura generados por la expansión de los centros de datos. El resultado fue contundente: 417 votos a favor y solo tres en contra.

La medida se convirtió así en la primera legislación que la Cámara de Representantes impulsa directamente para abordar las consecuencias económicas del auge de esa industria, según informaron Reuters, NBC News y CBS News. El proyecto fue promovido por el representante republicano Gabe Evans, de Colorado, junto a la demócrata Kathy Castor, de Florida, ambos miembros del Comité de Energía y Comercio.

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Los centros de datos consumen grandes cantidades de electricidad para sostener el funcionamiento de la inteligencia artificial. (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Los líderes republicanos lo llevaron al piso bajo un procedimiento de vía rápida que exigía dos tercios de apoyo. El texto pasa ahora al Senado, donde su suerte es incierta.

Qué propone la Ratepayer Protection Act

Los centros de datos son complejos de servidores que almacenan información y ejecutan los cálculos que necesita la inteligencia artificial para funcionar. Esas instalaciones consumen cantidades masivas de electricidad, las 24 horas del día.

Según CBS News, la Agencia Internacional de Energía (AIE) estimó que el consumo eléctrico de los centros de datos en Estados Unidos podría más que duplicarse desde los niveles de 2024 hacia el final de la década; otras proyecciones indican que podrían absorber más del 10% de la demanda eléctrica del país en 2030.

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La Ratepayer Protection Act busca evitar que los hogares paguen en la factura de electricidad los costos de infraestructura por la expansión de los centros de datos. (Alex Brandon/Pool via REUTERS)

El problema para los consumidores es directo: cuando una empresa instala un centro de datos, la red eléctrica local debe ampliarse, y en muchos estados ese costo se distribuye entre todos los usuarios aunque no tengan ningún vínculo con esas instalaciones.

La ley apunta a cambiar esa lógica: exige a los reguladores estatales de servicios públicos que consideren reglas para que los grandes consumidores de electricidad, incluidos los centros de datos, cubran los costos incrementales de generación, transmisión e infraestructura necesarios para abastecerlos, de acuerdo con NBC News. El proyecto no impone esas reglas de forma automática; solo obliga a los estados a tenerlas en cuenta al elaborar su propia normativa.

Por qué los centros de datos se convirtieron en un tema político

La votación tuvo lugar semanas antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, en un clima de creciente malestar ciudadano. Según una encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst, solo el 11% de los estadounidenses apoyaría la construcción de un centro de datos de IA en su comunidad. Una encuesta de NBC News arrojó que casi el 70% se opone a este tipo de instalaciones en sus barrios, y el 45% dijo estar fuertemente en contra.

El avance de los centros de datos se volvió un tema político por el rechazo ciudadano a las tarifas eléctricas, el consumo de agua y el impacto local. (REUTERS/Elizabeth Mendez)

La resistencia ciudadana combina varias preocupaciones: el alza en las tarifas eléctricas, el elevado consumo de agua de los complejos para enfriarse y los cambios que provocan en los entornos locales. Eso generó presión sobre legisladores de ambos partidos con reelecciones comprometidas, lo que aceleró la decisión de llevar el proyecto a votación antes del receso.

Donald Trump respalda la expansión de centros de datos y la enmarca en la competencia con China en inteligencia artificial. Esta semana describió estas instalaciones como “el petróleo de los próximos 20, 25 años”, según Reuters. Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, celebró la aprobación y afirmó que la norma “garantiza que las familias trabajadoras no paguen la construcción de la infraestructura de IA”, de acuerdo con CBS News.

Las críticas: el proyecto se considera insuficiente

A pesar de la mayoría, la ley recibió cuestionamientos desde distintos sectores. Los tres votos en contra provinieron de:

  • Summer Lee (demócrata, Pensilvania)
  • Delia Ramírez (demócrata, Illinois)
  • Rashida Tlaib (demócrata, Míchigan), quien reclamó una moratoria nacional sobre los centros de datos

Varias legisladoras que votaron a favor también expresaron su insatisfacción. Veronica Escobar, de Texas, fue directa: “Voy a votar sí, pero es verdaderamente el mínimo indispensable”, dijo a NBC News. El líder de la minoría, Hakeem Jeffries, de Nueva York, la calificó de “un paso adelante” pero advirtió que “más claramente debe hacerse”, según CBS News.

Desde la sociedad civil, Public Citizen señaló que la ley “tiene una capacidad muy limitada para proteger a los consumidores de tarifas más altas, ya que simplemente pide a los estados que ‘consideren’ exigir a los centros de datos que paguen ciertos costos”, según Tyson Slocum, director del programa de energía de la organización, en declaraciones recogidas por Reuters.

Qué falta para que la ley entre en vigor

Para convertirse en ley, la Ratepayer Protection Act debe ser aprobada por el Senado y promulgada por Trump. El senador republicano Jon Husted, de Ohio, presentó una versión del proyecto en esa cámara, aunque sin fecha de votación.

Con el Senado en sesión solo unas semanas más antes de su receso electoral, la discusión sobre qué reglas deben aplicar los estados a los grandes consumidores de electricidad seguirá en manos de los reguladores locales, con o sin una ley federal que los oriente.

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