(Desde Washington, Estados Unidos) Los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega suprimirán los derechos electorales en Nicaragua desde el primero septiembre. Se trata de un hecho político inédito en América Latina, que exhibe la voracidad autoritaria del régimen sandinista.
La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene la obligación de defender los derechos humanos en América Latina, y la decisión dictatorial de Murillo y Ortega activó ese mandato institucional de manera automática.
Estados Unidos junto a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago presentaron un proyecto de Resolución con el objetivo de convocar a los cancilleres de América Latina “para considerar la situación en Nicaragua”.
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Hace una semana, se trató esta posibilidad en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, que exhibió la fractura ideológica en la región.
Un bloque homogéneo liderado por Estados Unidos y acompañado por un grupos de países aliados de la administración Trump que repudia la dictadura de Nicaragua, frente a la posición reluctante de Lula da Silva junto al acompañamiento sigiloso de México.
En esa oportunidad, Thaís Mesquita Candia Pecoraro -ministra consejera de la embajada de Brasil en la OEA-. enfrentó la posición de Estados Unidos y los socios regionales de Trump apelando a la cuestión de seguridad como concepto disruptivo.
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Estos fueron los aspectos clave del discurso pronunciado por Candia Pecoraro:
“En cuanto al proyecto de resolución presentado durante esta sesión, creemos que es equivocado abordar la situación en Nicaragua como una cuestión de seguridad. Se trata, sí, de una crisis política, con graves repercusiones sobre los derechos humanos. No se han presentado a este consejo evidencias que permitan afirmar que existe algún proceso que afecte la paz y la estabilidad regionales”.
“La cuestión migratoria no debe ser abordada desde el ángulo de la seguridad. Nuestro país siempre ha defendido que el tema de las migraciones sea abordado desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo sostenible. Los migrantes son personas en busca de mejores oportunidades y de una vida digna, no una amenaza a la paz”.
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“Por este motivo, creemos que, sin perjuicio del seguimiento permanente del tema por parte del Consejo Permanente, la convocatoria a una reunión de cancilleres, en este momento, parece prematura”.
“En las condiciones originalmente propuestas, el proyecto de resolución podría contribuir al aumento de tensiones y crearía dificultades adicionales en el diálogo de la Organización y de los Estados miembros con Nicaragua, situación que en nada favorece la garantía de elecciones y la protección de los derechos humanos en el país”.
La Casa Blanca tiene la estrategia de lograr una cumbre de cancilleres con un respaldo firme y masivo en la OEA. Desde esta perspectiva, y asumiendo los cuestionamientos ideológicos de Brasil y México, la administración republicana pulió los argumentos de la convocatoria para sumar a los embajadores que responden a Da Silva y Claudia Sheinbaum.
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Al final, tras una ronda de consultas con los países que apoyan la propuesta de Estados Unidos, se logró una redacción de consenso.
El texto es insípido, incoloro e inodoro:
“1.Convocar, con carácter urgente y de conformidad con los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en la sede de la Secretaría General de la Organización, tan pronto como sea posible, para considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
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2. Encomendar a la Presidencia del Consejo Permanente que, con el apoyo de la Secretaría General, prepare y presente a la consideración de los Estados Miembros el proyecto de temario y el reglamento de la Reunión de Consulta, de conformidad con el artículo 63 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos".
Pese al voluminoso gesto diplomático de la Casa Blanca, Brasil rechazó el texto y exigió que se levantara la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que debería deliberar mañana para aprobar la cumbre de cancilleres.
Es poco probable que Da Silva logre su cometido.
La mayoría de los estados miembros de la OEA consideran que la dictadura de Nicaragua no puede suprimir el derecho democrático a votar, como pretenden Rosa Murillo y Daniel Ortega.
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Hasta anoche se mantenía la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, y el proyecto de resolución de Estados Unidos contaba con el apoyo necesario para lograr su aprobación definitiva.
La cumbre de cancilleres sería el 26 de agosto.
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