Las protecciones federales que permiten a personas con discapacidad vivir en sus hogares en lugar de instituciones están bajo amenaza. Un dictamen legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicado el mes pasado sostiene que los estados no están obligados a financiar esos servicios, en una decisión que podría afectar a aproximadamente 40 millones de adultos y 5 millones de niños con discapacidades en todo el país, según informó la cadena CBS News en colaboración con el medio especializado en salud, KFF Health News.
La opinión legal del Departamento de Justicia (DOJ) establece que las leyes federales de derechos para personas con discapacidad no obligan a los estados a ofrecer servicios que les permitan permanecer en sus hogares. Eso contradice un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1999, conocido como Olmstead v. L.C., que determinó que institucionalizar a una persona con discapacidad sin justificación constituye discriminación bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).
Qué dice el fallo Olmstead y por qué importa ahora
El caso Olmstead v. L.C. marcó durante más de dos décadas la política federal en materia de discapacidad. Todas las administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, utilizaron ese precedente para exigir que los estados ofrecieran servicios comunitarios y de atención en el hogar como alternativa a las instituciones.
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La administración Trump sostiene que esa interpretación, mantenida durante 26 años, es incorrecta. El memo del DOJ señala que los estados pueden tener razones válidas para atender a personas con discapacidades mentales en instituciones, “incluidas limitaciones de recursos, restricciones de capacidad en instalaciones comunitarias y preocupaciones de seguridad”.
La misma opinión reconoce que su postura “está fuera de paso con la comprensión común de esa decisión dentro de los tribunales federales”.
El impacto en familias con miembros con discapacidad
Amanda DeSimone-Shabrack depende del programa Medicaid de Virginia —el seguro médico federal y estatal para personas de bajos ingresos o con discapacidades— para financiar la atención de su hijo Mason, de 12 años, quien tiene autismo de alta necesidad. Ese apoyo le permite trabajar como especialista en tecnología educativa y profesora, además de mantener a su hijo en casa.
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El estado ya redujo su asistencia domiciliaria de 30 a 18 horas semanales. “¿Voy a tener que internarlo en una institución, y cómo será eso para él? A medida que crezca, ¿podré cuidarlo sin este apoyo?”, declaró DeSimone-Shabrack a CBS News y KFF Health News.
A 700 kilómetros de distancia, en Cleveland, Jennifer Kucera, de 57 años, lleva más de una década viviendo en un apartamento con el apoyo de cuidadores pagados por Medicaid. Tiene atrofia muscular espinal, una enfermedad genética que destruye las neuronas motoras y le permite mover solo parte de su brazo izquierdo y la cabeza.
Antes de acceder a ese apoyo, pasó dos años en un asilo donde desarrolló sarna. “Los dos años que viví en ese asilo fueron los más horribles de mi vida”, dijo Kucera a los mismos medios. “Mi futuro es un piso que tiembla bajo mis pies. Con un golpe de pluma, podrían eliminar todo lo que he construido”.
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Recortes a Medicaid y batallas legales en curso
La decisión del DOJ llega en un momento de presión financiera sobre los programas de discapacidad. La Ley “One Big Beautiful Bill Act”, aprobada el año pasado, recorta más de USD 900 mil millones de Medicaid en una década, y varios estados ya redujeron beneficios como los cuidadores a domicilio.
Texas, Alaska y Florida presentaron documentos ante un tribunal federal del Distrito Norte de Texas para citar el memo como un nuevo elemento en un caso que cuestiona la obligación estatal de ofrecer servicios de integración comunitaria. Casos similares en Florida y New Hampshire siguieron el mismo camino, según The Arc of the United States (The Arc), una organización de defensa de personas con discapacidad.
“El intento de la administración de desmantelar décadas de progreso en la integración comunitaria es alarmante e inconsistente con las leyes federales y con el precedente de la Corte Suprema”, afirmó Shira Wakschlag, consejera general de The Arc, según detalló KFF Health News.
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La respuesta del gobierno y de los legisladores
La portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Emily Hilliard, sostuvo que el compromiso de la agencia con los derechos de las personas con discapacidad “no ha cambiado”. El DOJ no respondió a solicitudes de comentarios.
La senadora Tammy Duckworth (demócrata por Illinois) encabezó una resolución que exige al DOJ retirar la opinión. “El memo de la administración Trump es un ataque escandaloso contra los derechos y la independencia de la comunidad con discapacidades”, declaró.
Zoe Brennan-Krohn, directora del Programa de Derechos para Personas con Discapacidad de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), advirtió a CBS News que la opinión “refleja un profundo irrespeto hacia las personas con discapacidad”. “No cambia la ley de la noche a la mañana, pero es muy preocupante y muy peligrosa”, agregó.
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Un retroceso medido en décadas
Los datos de la Universidad de Minnesota muestran la magnitud del cambio logrado en más de medio siglo: en 1967, casi el 30% de las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo vivía en instalaciones estatales. Para 2021, esa cifra era inferior al 1%.
La baja fue el resultado de batallas legales, exposición de abusos en instituciones y un movimiento por la vida independiente que transformó la política pública. Los grupos de defensa advierten que la opinión del DOJ abre la puerta a revertir ese proceso.