Las autoridades de Estados Unidos iniciaron el proceso para revocar la ciudadanía de 17 personas naturalizadas, acusadas de fraude migratorio y delitos graves, entre ellos abuso sexual de menores y lavado de dinero.
El anuncio, realizado por el Departamento de Justicia, supuso el mayor uso hasta la fecha de la desnaturalización como herramienta judicial y amplió la estrategia del gobierno de Donald Trump para intensificar los controles sobre el proceso de naturalización.
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Si los tribunales federales aceptan las demandas, los afectados perderán la protección frente a la expulsión del país y volverán a su estatus migratorio previo, por lo general el de residentes permanentes legales.
La decisión puede recortar de inmediato derechos y beneficios asociados a la ciudadanía estadounidense y abrir la puerta a la deportación de quienes queden desnaturalizados.
El Departamento de Justicia presentó demandas civiles para desnaturalizar a 17 personas que, según la acusación, obtuvieron la ciudadanía mediante ocultación de hechos materiales o tergiversación deliberada.
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De prosperar las acciones, un juez federal podría anular la naturalización y dejar a los implicados expuestos a procedimientos de expulsión, según la situación migratoria que recupere cada uno tras la sentencia.
Delitos imputados y base legal de las demandas
El grupo señalado incluyó personas condenadas o investigadas por delitos violentos, abuso sexual infantil, fraude electrónico y bancario, lavado de dinero y fraude migratorio.
Entre los expedientes mencionados por las autoridades figuraron un inmigrante haitiano acusado de abusar sexualmente de su hija; un hombre de la ex Yugoslavia condenado por abuso sexual de un menor; una hija de un narcotraficante colombiano acusada de lavado de dinero, y una mujer cubana denunciada por fraude a un casino tribal.
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El Departamento de Justicia indicó que las demandas se basaron en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que habilita a las autoridades a cancelar la ciudadanía cuando se obtuvo de forma ilegal o por fraude, incluyendo la ocultación de hechos materiales o la tergiversación deliberada.
El procedimiento, de naturaleza civil, solo se dirime en tribunales federales, requiere un estándar probatorio exigente y suele extenderse durante un período prolongado por la complejidad de la prueba documental y los antecedentes.
Según la explicación oficial, la vía judicial apunta a sostener que la ciudadanía nunca debió otorgarse en primer lugar, porque el solicitante habría construido su naturalización sobre información falsa o incompleta.
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Bajo esa lógica, la revocación no se presenta como un castigo penal adicional, sino como la reversión de un estatus que, a criterio del gobierno, se obtuvo de manera irregular.
Declaraciones del gobierno y coordinación entre agencias
“Obtener la ciudadanía de Estados Unidos es un privilegio”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche. Según Blanche, el objetivo fue sostener “una política de tolerancia cero frente al abuso de este proceso”.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reforzó el mensaje al señalar: “Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procesos migratorios, pierdes ese privilegio”.
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El fiscal general adjunto Brett A. Shumate subrayó: “No haremos la vista gorda ante quienes obtuvieron ilegalmente la ciudadanía de Estados Unidos”.
La Oficina de Litigios de Inmigración lideró los procesos con el apoyo de USCIS, ICE y fiscalías federales de múltiples distritos.
De acuerdo con las autoridades, las demandas presentadas contienen alegaciones que deben ser validadas en sede judicial y no equivalen, por sí mismas, a un fallo.
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Qué implica la desnaturalización y antecedentes recientes
La desnaturalización implica que la persona pierde la condición de ciudadano y, con ella, derechos y beneficios asociados a ese estatus.
A partir de ese punto, puede quedar sujeta a procedimientos de deportación, aunque el alcance inmediato depende de la situación migratoria previa que recupere cada implicado y de los pasos posteriores que adopte el gobierno.
En la historia reciente de Estados Unidos, la desnaturalización se aplicó en pocas ocasiones y tuvo antecedentes incluso durante la Segunda Guerra Mundial, en casos vinculados con razones políticas o de seguridad nacional.
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En esta etapa, el gobierno sostuvo que la ofensiva respondió a una estrategia de control migratorio más estricta, orientada a restringir el acceso a la ciudadanía y sancionar irregularidades detectadas en el proceso de naturalización.
El gobierno de Trump afirmó que superó la cantidad de casos abiertos en el mandato anterior. En el último año, las acciones para retirar la ciudadanía aumentaron respecto de la administración de Joe Biden, cuando se presentaron 24 casos similares.
Entre 1990 y 2017, el ritmo histórico promedió 11 demandas anuales. El Departamento de Justicia reiteró que “la ciudadanía estadounidense debe ganarse honestamente” y que la política de “tolerancia cero” seguirá vigente mientras avancen los casos.
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