Cuatro personas enfrentan cargos federales por desviar fondos del programa Medicaid en Ohio a través de una red que facturó servicios de salud mental para niños que jamás se prestaron.
Los acusados son dos empleados del estado de Ohio y dos cómplices. Todos se entregaron a las autoridades esta semana. Las autoridades incautaron 14 vehículos de lujo, entre ellos un Maserati, un Mercedes, un Bentley y un McLaren.
La red ofrecía, en apariencia, servicios de terapia conductual y psicoterapia a niños y jóvenes que asistían a campamentos de verano, grupos religiosos y programas recreativos. A cada participante le diagnosticaban un trastorno de ajuste conductual, sin realizar ninguna evaluación clínica.
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Los organizadores exigían completar formularios de admisión y entregar el número de beneficiario de Medicaid, el dato que permite facturar los servicios. Nadie recibió atención real: no hubo pruebas, no hubo terapias, no hubo seguimiento médico.
Los fondos obtenidos financiaron la flota de automóviles de lujo en lugar de llegar a los niños que el sistema debía proteger.
Cargos y reacción oficial
El fiscal general en funciones Todd Blanche presentó el caso el jueves en una conferencia de prensa en Ohio. En el anuncio participaron funcionarios del Departamento de Justicia, autoridades estatales y miembros del Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude del presidente Trump, que encabeza el vicepresidente JD Vance.
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El caso fue uno de varios expedientes dados a conocer durante la última semana, que en conjunto suman cerca de USD 50 millones en fraudes, incluido un esquema de USD 1,4 millones vinculado a préstamos del programa de COVID-19.
Un vocero de Vance calificó las acusaciones de “repugnantes” en una declaración a CBS News: “Es repugnante que los estafadores hayan podido privar de servicios de desarrollo esenciales a niños estadounidenses en necesidad”, y agregó que los millones de dólares en impuestos robados “se usaron para comprar autos de lujo”.
La nueva lista del FBI
En la misma conferencia, el director del FBI, Kash Patel, presentó una lista pública de los “estafadores más buscados” del país. “Está activa, oficialmente en el sitio web del FBI”, dijo Patel, e instó a todos los estadounidenses a revisar los nombres y los montos, que según describió ascienden a “decenas de millones y miles de millones de dólares en fraude”.
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El Departamento de Justicia también creó una División Nacional de Aplicación contra el Fraude, que fusionó varias oficinas previas, incluida la sección de fraude en salud. Colin McDonald, el fiscal general adjunto que la dirige, anunció un acuerdo de intercambio de datos con la secretaría de estado de Ohio para acceder a registros de registro corporativo y detectar vínculos entre entidades de facturación médica.
La disputa con estados demócratas
El grupo de trabajo también apuntó contra varios estados de mayoría demócrata. El presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, anunció la descertificación formal de la Unidad de Control del Fraude de Medicaid de Hawái, a la que acusó de ser “una de las unidades de menor desempeño del país” pese a recibir “millones y millones de dólares” para combatir el fraude.
El departamento hawaiano rechazó las acusaciones y afirmó en un comunicado que “discrepa firmemente con cualquier sugerencia de que Hawái no ha tomado en serio el fraude en Medicaid”, y anunció que buscará la reconsideración de la decisión federal.
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Blanche también acusó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, de no cooperar con el Departamento de Justicia. “Dice que coopera con nosotros. La verdad es que nos está demandando”, afirmó el fiscal.
Los antecedentes investigados
La cadena de noticias CBS News lleva meses investigando distintas modalidades de fraude en programas federales. Un análisis de los registros financieros de los cerca de 1.800 hospicios en el condado de Los Ángeles detectó que más de 700 activan múltiples señales de alerta de fraude según los indicadores definidos por auditores estatales.
La cadena también investigó el mayor esquema de fraude documentado en Minnesota: una red de USD 250 millones que desvió fondos de un programa federal de alimentación infantil durante la pandemia.
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Su presunta líder, Aimee Bock, de 45 años, concedió una entrevista exclusiva desde su celda y defendió su conducta, aunque admitió tener arrepentimientos.