El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que su país no permitirá que el Gobierno boliviano sea derrocado. Expresó el respaldo de Washington al presidente Rodrigo Paz, en un momento en el que Bolivia enfrenta una de sus crisis políticas y sociales más delicadas de los últimos años, marcada por protestas, bloqueos y una creciente tensión interna.
“Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”, señaló Rubio.
Por su parte, Rodrigo Paz descartó renunciar a la presidencia pese a la presión de las protestas y bloqueos. El mandatario reafirmó que cumplirá su mandato y no cederá ante las exigencias de dimisión. “Estaré cinco años para reordenar el país”, dijo.
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Desde hace dos semanas, sindicatos y grupos afines al expresidente Evo Morales impulsaron protestas y bloquearon carreteras en varios departamentos. En La Paz, donde se encuentran la sede del Gobierno y el Congreso, quedó prácticamente aislado del resto del país. Los bloqueos provocaron escasez de alimentos, combustibles e insumos médicos, lo que agravó el malestar social y complicó la vida cotidiana de miles de familias.
En este contexto, el canciller boliviano Fernando Aramayo denunció ante la Organización de los Estados Americanos que en Bolivia se intentaba gestar un golpe de Estado contra el presidente Paz. La denuncia del gobierno se produjo el mismo día que la advertencia de Rubio, que reforzó el mensaje de apoyo de Estados Unidos y trazó un límite ante cualquier intento de desestabilización institucional.
“En las últimas semanas se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional”, describió el ministro, ante el Consejo Permanente de la OEA.
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La tensión social también se reflejó en las calles de varias ciudades. Ciudadanos en Cochabamba, Tarija y Chuquisaca se movilizaron para defender la democracia y rechazar los bloqueos. Las marchas reunieron a personas autoconvocadas que exigieron el restablecimiento de la normalidad y el fin de la violencia. En Tarija y Sucre, las movilizaciones recorrieron el centro de las ciudades, mientras en Cochabamba organizaciones sociales expresaron apoyo a la paz y a la libre circulación.
Por otro lado, Paz descartó la posibilidad de adelantar las elecciones en 90 días, cuestionó la validez de la propuesta impulsada por Evo Morales y responsabilizó al exmandatario de intentar desestabilizar el país. Durante una conferencia de prensa en La Paz aseguró: “Es Evo Morales el que dijo 90 días. Es el mismo Evo que generó un fraude en 2019 y la gente salió a las calles a reclamar por la democracia”.
La crisis en Bolivia también tuvo repercusiones diplomáticas. El gobierno expulsó a la embajadora de Colombia después de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas como una “insurrección popular”. Ocho países latinoamericanos y la Unión Europea respaldaron la institucionalidad democrática boliviana y rechazaron cualquier intento de alterarla.
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En esta plena crisis política y social, Rodrigo Paz, comunicó este miércoles la decisión de reordenar su gabinete y crear un consejo económico y social para enfrentar esta crisis del país.
“Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas”, dijo.
De igual manera, no especificó la fecha en que realizará los cambios en su gabinete. “Ya sabrán ustedes aquellos cambios”, desribió a los periodistas.
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Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos convocó una sesión extraordinaria para abordar la situación política en Bolivia. En este escenario, la advertencia de Marco Rubio reforzó la postura de Estados Unidos y colocó a Washington como un actor central en la crisis.
El gobierno boliviano, por su parte, habilitó corredores humanitarios para aliviar el desabastecimiento y mantuvo negociaciones reservadas con sectores sociales, reiterando su compromiso con la democracia y su rechazo a cualquier salida que no respete la Constitución.
(Con información de EFE)