El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves el financiamiento de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), poniendo fin al cierre parcial de la agencia más prolongado de su tipo, con 75 días de duración. La Cámara de Representantes aprobó la medida por voto de voz y la envió al presidente Donald Trump para su firma.
El proyecto de ley restaura el financiamiento ordinario hasta el 30 de septiembre —fin del año fiscal— a organismos como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio Secreto. El DHS operaba sin fondos regulares desde el 14 de febrero, lo que obligó a miles de empleados a trabajar sin cobrar durante semanas.
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La legislación no contempla nuevos recursos para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ni para la Patrulla Fronteriza, las dos agencias en el centro del conflicto político que desencadenó el cierre. Los demócratas se habían negado a financiarlas sin restricciones a tácticas como redadas en lugares considerados sensibles, tras los disparos fatales de agentes federales contra dos ciudadanos estadounidenses durante protestas en Minneapolis contra las operaciones migratorias. Los republicanos rechazaron esas condiciones.
El resultado es un esquema de doble vía: la mayoría del DHS retoma su funcionamiento normal, mientras los republicanos avanzan por separado en la aprobación de hasta USD 70.000 millones para ICE y la Patrulla Fronteriza mediante el proceso de “reconciliación presupuestaria”, un mecanismo que les permite eludir la oposición demócrata. La Cámara adoptó la resolución presupuestaria correspondiente el miércoles por 215 votos contra 211, en una votación casi estrictamente partidaria.
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El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson de Luisiana, había calificado el proyecto el mes pasado de “una broma” y resistió durante semanas llevarlo a votación. La Oficina de Administración y Presupuesto advirtió el martes en un memorando que “el DHS pronto se quedará sin fondos operativos críticos”, poniendo en riesgo al personal esencial. Esa advertencia, sumada a la presión de republicanos moderados y de la Casa Blanca, forzó a la dirigencia a actuar.
La secretaria del DHS, Markwayne Mullin, había señalado que los salarios superan los USD 1.600 millones cada dos semanas, y que los fondos de emergencia —parte de los USD 170.000 millones aprobados en el proyecto de recortes fiscales de Trump el año pasado— se estaban agotando. Más de 1.000 agentes de la TSA renunciaron desde que comenzó el cierre, según Airlines for America, el grupo que agrupa a las aerolíneas estadounidenses, que el miércoles instó al Congreso a financiar el departamento en su totalidad.
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La prolongada parálisis expuso fisuras dentro de las propias filas republicanas. El congresista Nick Langworthy escribió a Johnson el lunes exigiéndole llevar a votación el proyecto ya aprobado por el Senado. “Que no pase un día más con nuestra seguridad en riesgo”, publicó en redes sociales tras el desbloqueo. El representante Chip Roy de Texas, en cambio, criticó la estrategia adoptada por considerar que aislar el financiamiento de ICE y la Patrulla Fronteriza en una vía separada es “ofensivo para los hombres y mujeres que sirven en esas agencias cada día”.
La senadora demócrata Patty Murray, principal voz de su partido en materia de financiamiento en la cámara alta, acusó a Johnson de haber extendido el cierre “por más de un mes sin ningún motivo”, recordando que el Senado había aprobado el mismo texto por unanimidad cinco semanas antes. La representante demócrata Rosa DeLauro de Connecticut, quien propuso el proyecto hace más de 70 días, resumió el desenlace con una frase escueta: “Ya era hora”.
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Con los legisladores partiendo hacia un receso, los republicanos prevén votar en mayo el proyecto de USD 70.000 millones para ICE y la Patrulla Fronteriza. Trump ha indicado que quiere tenerlo sobre su escritorio antes del 1 de junio. (Con información de AP y AFP)