Una iniciativa legislativa en Illinois busca exigir a los fabricantes de pistolas que rediseñen sus modelos para impedir que sean fácilmente convertidos en armas automáticas, un paso que, según sus impulsores, pretende cerrar una de las vías más utilizadas por el crimen organizado para obtener armamento de alto poder pese a las restricciones vigentes.
El debate surge en un contexto en que diversas jurisdicciones de Estados Unidos detectaron un aumento en la utilización de dispositivos de conversión —conocidos como “switches” o “auto-sears”— que, integrados a pistolas semiautomáticas, permiten efectuar múltiples disparos con una sola presión del gatillo, una modificación prohibida tanto por la legislación estatal como federal, según precisa el diario estadounidense Chicago Tribune.
Entre enero y noviembre de 2025, la policía de Chicago recuperó casi 2.900 armas fabricadas por Glock, lo que representa más de un tercio del total de armas incautadas en ese período, de acuerdo con datos divulgados por el Departamento de Policía y analizados por Chicago Tribune.
Esta información constituye la base de una demanda presentada contra Glock en 2024 por el Ayuntamiento de Chicago, que acusó a la matriz austríaca de la compañía de haber desatendido deliberadamente un defecto de diseño que facilita la conversión simple de sus pistolas a disparo automático.
La proliferación de conversores ilegales —que pueden adquirirse en el extranjero o producirse en impresoras 3D gracias a diseños disponibles en internet— llevó a las autoridades locales a incrementar la presión sobre los fabricantes de armas.
En septiembre de 2025, un juez de Cook County, Allen Walker, determinó que un “jurado razonable podría concluir que el diseño y la manufactura de una pistola Glock, y su posterior venta, contribuyen materialmente a una situación que pone en peligro la seguridad y la salud pública en la ciudad de Chicago”, según consta en una orden judicial a la que tuvo acceso Chicago Tribune. La próxima audiencia en ese proceso está fijada para el jueves próximo.
Esta respuesta directa resume el núcleo de la propuesta: Illinois planea forzar a los fabricantes de pistolas a modificar el diseño de modelos que actualmente pueden ser adaptados con dispositivos ilegales, en particular las Glock y aquellas con “cruciform trigger bar” como las Palmetto State Armory Dagger y Ruger RXM, para evitar que sean utilizadas como armas automáticas.
Si la medida se aprueba, no afectará a quienes ya poseen estas pistolas en Illinois, pero sí obligará a la industria a adaptar nuevas unidades antes de su comercialización.
La presión se extiende a nivel nacional: antecedentes y modificaciones
La iniciativa en Illinois replica una ley aprobada en California en 2023 y es observada por legisladores de Nueva York, Connecticut y Maryland, quienes discuten proyectos similares, indicó Alison Shih, asesora principal de la organización estadounidense Everytown for Gun Safety, en diálogo con Chicago Tribune.
Según Shih, modificar las pistolas para dificultar su conversión ilegal sería una adaptación técnica “menor”, comparable a exigir cinturones de seguridad en los automóviles antes de que salgan a la venta. Shih señaló: “Sabemos que esto puede salvar vidas y a veces la industria necesita un pequeño empujón”.
El proyecto se focaliza sobre todo en modelos tipo Glock, cuya estructura, a diferencia de otras marcas como Smith & Wesson o Taurus, resulta especialmente susceptible de ser alterada con herramientas comunes en menos de 20 minutos.
La norma también contempla la posibilidad de vender los inventarios existentes fuera del estado o a personal exento, como agentes de la fuerza pública, personal de seguridad en centrales nucleares o miembros de la Guardia Nacional.
En 2023, tras el tiroteo de Highland Park que dejó 7 muertos y casi 50 heridos, Illinois ya había adoptado una de las prohibiciones sobre armas de asalto y cargadores de alta capacidad más graves de Estados Unidos. Esa ley, que también incluyó los auto-sears y más de 100 tipos de rifles, pistolas y escopetas semiautomáticas, enfrenta litigios abiertos, pero la Corte Suprema federal, en 2024, rehusó intervenir mientras prosiguen los recursos. El juez Clarence Thomas expresó, no obstante, dudas ante lo que calificó como una restricción “altamente sospechosa”.
Opiniones divididas: fabricantes, comerciantes y organismos civiles
Las reacciones en el sector armamentista no se hicieron esperar. Justin Davis, portavoz de la National Rifle Association, argumentó ante Chicago Tribune que “obligar a Glock o a cualquier compañía del sector a alterar sus diseños es un despropósito”, y enfatizó: “Los criminales siempre encontrarán una alternativa; siempre buscarán la manera de delinquir”.
El propietario de la tienda Freddie Bear Sports de Tinley Park, Fred Lutger, consideró la medida como un intento legislativo adicional de restringir derechos y advirtió que el verdadero foco debería estar en el combate al “elemento criminal”, no en los fabricantes.
Por el contrario, dirigentes de ONG dedicadas a la prevención de la violencia armada, como Kathleen Sances, responsable del comité de acción política Gun Violence Prevention PAC, sostienen que la industria armamentista debe asumir responsabilidades y ser legalmente responsable por los daños asociados a sus productos. Sances declaró: “Debería recaer en ellos esa responsabilidad. Todos los fabricantes de productos de consumo responden por los perjuicios que ocasionan, salvo los de armas”.
En respuesta a la presión regulatoria, Glock actualizó el diseño de sus pistolas en 2025, sustituyendo el saliente plástico en la parte trasera por una guía de acero en sus modelos más recientes —generación V— con la intención de dificultar la conversión.
Sin embargo, Chicago Tribune verificó que rápidamente circularon videos de armas modificadas —incluidas esas nuevas versiones— disparando en modo automático, lo que evidencia las limitaciones de la respuesta técnica del fabricante.
Nuevas rutas en la agenda legislativa de Illinois
El proyecto, respaldado por los demócratas que dominan tanto el Ejecutivo como la Asamblea General de Illinois, según detalló Justin Slaughter, su principal impulsor, se inserta en una agenda más amplia que busca frenar el acceso ilegal a armas automáticas. Además de la medida sobre rediseño de pistolas, se evalúan proyectos complementarios: uno que exigiría la serialización y registro policial de toda la munición vendida, y otro que instauraría permisos de fabricación con tasas destinadas a financiar la atención médica y los servicios a las víctimas de violencia armada.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los poseedores de armas, encabezadas por la Illinois State Rifle Association, advirtieron por medio de su director ejecutivo, Richard Pearson, que la estrategia podría desencadenar una “costosa carrera de obstáculos” para los fabricantes, forzándolos a ajustes permanentes frente a posibles innovaciones delictivas.
Pearson afirmó que “prácticamente cualquier arma de fuego podría convertirse para disparar en modo automático” y que transferir la responsabilidad de los actos ilegales a los fabricantes constituye, a su juicio, un error de enfoque.
La discusión en Illinois se refleja en demandas similares planteadas contra Glock en otras jurisdicciones, incluidas Minnesota, Maryland, Baltimore, Seattle y Nueva Jersey. Las próximas decisiones legislativas y judiciales establecerán precedentes sobre cómo los estados pueden intervenir en el diseño de armas de fuego para frenar sus potenciales adaptaciones ilícitas.