Estados Unidos endureció su postura frente a las detenciones consideradas “injustas” de ciudadanos estadounidenses en el extranjero tras la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump, que permite imponer sanciones a los países responsables de estas prácticas.
La norma, aprobada el viernes, habilita al gobierno estadounidense a designar a ciertos Estados como “patrocinadores de una detención injusta”, generando una lista similar a la existente para quienes financian el terrorismo. Según la Casa Blanca, la medida refleja el compromiso de la administración de utilizar todas las herramientas disponibles contra lo que define como “táctica coercitiva utilizada por adversarios extranjeros”.
“Ningún estadounidense debe temer ser tomado como un peón político por estados delincuentes”, señaló la declaración oficial. La Casa Blanca agregó: “Estados Unidos debe redoblar los esfuerzos para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la detención injusta en el extranjero. Todo aquel que use a un estadounidense como ‘moneda de cambio’ asumirá las consecuencias. Esta administración prioriza no solo a Estados Unidos, sino también a los estadounidenses”.
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El secretario de Estado será responsable de determinar cuáles países incurren en estas prácticas o mantienen detenidos de forma ilícita a ciudadanos estadounidenses, siguiendo los parámetros de la Ley Levinson para calificar un arresto como “injusto”.
La inclusión en la lista puede implicar sanciones variadas, que van desde la imposición de aranceles, restricciones de entrada de ciudadanos de esos países a Estados Unidos, suspensión de ayuda económica y limitaciones a exportaciones.
El documento subraya que “las detenciones injustas son una afrenta al estado de derecho y tienen como objetivo socavar nuestro liderazgo en el escenario mundial. Estados Unidos no tolerará estos ataques a nuestra soberanía ni a los ciudadanos estadounidenses”.
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Desde la Casa Blanca informaron que, desde el inicio de la segunda legislatura de Trump, 72 estadounidenses detenidos en el extranjero regresaron al país. En el comunicado, también se incluyó una crítica al ex presidente Joe Biden, señalando que, según las cifras de la administración Trump, durante su mandato 24 ciudadanos estadounidenses fueron capturados más que liberados.
En paralelo, Trump firmó otra orden ejecutiva que cambia el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, denominación usada por última vez en la década de 1940. La Casa Blanca indicó que, inicialmente, el nombre se usará como “título secundario” mientras se tramita ante el Congreso la oficialización del cambio de forma permanente.
El documento precisa que el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, asumirá inmediatamente el título de secretario de Guerra. Además, la orden instruye a Hegseth a presentar propuestas legislativas y ejecutivas para consolidar la modificación de manera definitiva.
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Hasta ahora, la Casa Blanca no publicó un cálculo oficial sobre los costos del ajuste, aunque medios estadounidenses estiman que el cambio podría implicar alrededor de USD $1.000 millones, considerando logotipos, uniformes, papelería y sistemas digitales de cientos de organismos y dependencias asociadas a la estructura militar federal.
La medida busca, según la administración, “proyectar fuerza y determinación”, combinando un mensaje simbólico con la aplicación de sanciones para proteger a los ciudadanos estadounidenses frente a detenciones arbitrarias en el exterior.
(Con información de Europa Press)