La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU emitió este sábado una advertencia dirigida a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a actuar con cautela al considerar inversiones en Nicaragua. El comunicado se emite a raíz de la reciente aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo, que declara propiedad del Estado nicaragüense una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras nacionales, medida calificada por el gobierno estadounidense como una “confiscación masiva”.
Según la alerta difundida por dicha oficina de EEUU a través de la plataforma X, “la confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda la región”.
La embajada de Estados Unidos en Managua replicó la advertencia y agregó: “Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado”.
La Ley de Territorio Fronterizo, adoptada el martes pasado por la Asamblea Nacional de Nicaragua, fue promovida por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. La ley define como “territorio fronterizo” todo el espacio comprendido desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior, y establece que estos terrenos son propiedad exclusiva del Estado, bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.
El contenido de la ley, que fue aprobada en un procedimiento expedito sin pasar por consulta en comisión, derogó la anterior Ley de Régimen Jurídico de Fronteras. Previamente, ese régimen especial regulaba el manejo territorial de la franja fronteriza terrestre, marítima y aérea, e incluía medidas para promover el desarrollo sostenible y salvaguardar la soberanía nacional.
El artículo 2 de la nueva normativa establece que “para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”.
Diversas organizaciones de derechos humanos, así como movimientos de oposición y gobiernos de la región, han expresado preocupación por el posible impacto sobre propiedades privadas y comunales. Críticos de la ley, como el economista nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro, afirmaron que la designación estatal afecta no solo a ciudades y comunidades enteras, sino a negocios, cultivos y actividades productivas, incluyendo camaroneras y plantaciones de naranja.
La disposición legal carece de mecanismos claros de compensación o consulta previa a los afectados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos. El Movimiento Campesino de Nicaragua, cuyos representantes se encuentran exiliados en Costa Rica y Estados Unidos, sostuvo que esta es “un proceso de confiscación más” que trastoca los territorios indígenas y afrodescendientes previamente demarcados y titulados.
La controversia también llegó al ámbito internacional. La ex comandante guerrillera Dora María Téllez, exiliada en España, denunció en su cuenta de X que la medida busca facilitar “una gran confiscación” dirigida a beneficiar negocios mineros desarrollados junto a empresas de China.
Pese a que el régimen nicaragüense ha asegurado a través de medios oficiales que la ley “no afecta” a los residentes en la franja fronteriza, opositores nicaragüenses en el exilio y diferentes sectores de la sociedad civil sostienen que se trata de una maniobra que pone en riesgo el patrimonio y el sustento de miles de personas.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua de 1985 a 1990 y en el poder nuevamente desde 2007, y Rosario Murillo, mantienen un control estrecho sobre la sociedad nicaragüense desde 2018, tras las protestas antigubernamentales que ese año dejaron más de 300 muertos según la ONU. Ortega y Murillo han atribuido esas movilizaciones a un supuesto “golpe de Estado” promovido por Washington.
(Con información de AFP y EFE)