La Universidad de Brown pagará 50 millones de dólares a organizaciones de desarrollo laboral en Rhode Island como parte de un acuerdo con la administración de Donald Trump, lo que permitirá restaurar la financiación federal de investigaciones perdida y concluir investigaciones federales sobre supuesta discriminación.
Entre las condiciones acordadas, la universidad adoptará la definición gubernamental de “masculino” y “femenino”, y eliminará la consideración de la raza en sus procesos de admisión. El acuerdo, de tres años de duración, restaurará decenas de subvenciones y contratos federales para investigación suspendidos, además de prever el reintegro a Brown University de 50 millones de dólares por costes federales impagados.
Christina H. Paxson, presidenta de la universidad, aseguró que el pacto “preserva la independencia académica de Brown” pese a la inclusión de restricciones en línea con la agenda del presidente Donald Trump. “La principal prioridad de la Universidad durante las discusiones con el gobierno fue mantenernos fieles a nuestra misión académica, nuestros valores fundamentales y lo que somos como comunidad en Brown”, escribió Paxson.
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Con este acuerdo, se ponen fin a tres investigaciones federales sobre alegaciones de antisemitismo y sesgo racial en las admisiones de Brown University. La carta enviada a la comunidad universitaria anticipó dudas sobre el acuerdo, considerando las presiones financieras y el impulso gubernamental para incidir en la vida académica.
La universidad asumió compromisos para abordar las acusaciones de antisemitismo en el campus de Providence, Rhode Island, incluyendo la obligación de renovar vínculos con académicos israelíes, promover que estudiantes de escuelas judías soliciten plaza e impulsar antes de fin de año una encuesta sobre el ambiente para estudiantes judíos, a cargo de una organización externa escogida junto al gobierno.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, declaró que el acuerdo asegura que los estudiantes serán evaluados “únicamente por sus méritos, no por su raza o sexo”. El gobierno federal obtendrá acceso a información detallada sobre los solicitantes y admitidos, incluyendo datos sobre raza, calificaciones y resultados de pruebas estandarizadas, que estarán sujetos a una “auditoría exhaustiva”.
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El pacto prohíbe cualquier preferencia por motivos raciales en las admisiones y va más allá de la sentencia del Tribunal Supremo de 2023 sobre acción afirmativa, al impedir a la Universidad de Brown emplear “cualquier sustituto para la admisión racial”, incluyendo declaraciones personales o ensayos sobre diversidad.
Los pagos de 50 millones de dólares acordados por Brown a organizaciones locales para el desarrollo de la fuerza laboral se distribuirán a lo largo de diez años. El acuerdo no establece la presencia de un monitor externo, a diferencia del firmado recientemente por la Universidad de Columbia University, que pagará 200 millones de dólares en un pacto similar. En negociaciones simultáneas, la administración Trump ha presionado a la Universidad de Harvard por una suma superior, mientras la Universidad de Pennsylvania acordó modificar archivos académicos, sin imponer un pago.
El presidente del Consejo Estadounidense de Educación, Ted Mitchell, afirmó que los pagos de Brown representan “un paso adelante” frente a acuerdos previos, recomendando que, de invertirse ese dinero, se destine al bien público, aunque advirtió que persisten las presiones gubernamentales sobre las universidades.
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El acuerdo incluye un cláusula que garantiza la autonomía de la universidad en materia de contenidos académicos y curriculares, según declaraciones de Paxson.
(Con información de AP)