Equipos de la Guardia Nacional de California y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos permanecen apostados en distintos puntos de Los Ángeles desde junio, tras una disposición presidencial.
Unos 4.000 efectivos estatales y varios centenares de marines llegaron a la ciudad en contra de la postura expresada por el gobernador Gavin Newsom. Tan solo la semana pasada, cerca de 200 militares comenzaron su retorno a las bases con el objetivo de integrarse a las labores contra incendios forestales.
En la jornada del lunes, según confirmaron funcionarios de defensa a The Associated Press (AP), alrededor de 90 soldados y más de una docena de vehículos tácticos, entre ellos 17 Humvees y ambulancias, custodian a los equipos federales en el Parque MacArthur.
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Desplegados para la protección de agentes federales
Esta zona, ubicada a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad, concentra una comunidad diversa donde predominan personas de origen mexicano, centroamericano y otras nacionalidades. El área, a la que algunos funcionarios locales llaman la “Isla Ellis de la Costa Oeste”, se distingue por la presencia de negocios con letreros en español y la convivencia de familias inmigrantes en espacios deportivos y recreativos. Allí, los desalojos de campamentos y la asistencia médica a personas sin hogar forman parte de las dinámicas habituales.
El operativo responde a directrices de la administración Trump, quien ha ordenado nuevas acciones orientadas a reforzar su compromiso electoral de deportar millones de migrantes indocumentados y ha desplegado fuerza armada en escenarios urbanos con una contundencia poco vista en gobiernos anteriores.
La operación de hoy no figura como una acción bélica, recalcaron voceros de defensa bajo anonimato, aunque admiten que la escala y visibilidad de la intervención generan percepciones de militarización. “Va a ser algo más abierto y más grande de lo que solemos participar”, citó uno de los funcionarios.
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La misión principal de los militares consiste en resguardar la integridad de los agentes de inmigración, ante la posibilidad de reacciones masivas de la comunidad. Según las fuentes, los soldados no realizan detenciones ni tareas de control policial, aunque pueden retener a civiles temporalmente para ponerlos a disposición de las autoridades.
Para distinguirse durante la redada, el personal encargado de ejecutar la legislación migratoria vestirá camisetas azul oscuro, diferenciándose así de los uniformes de las fuerzas armadas, que utilizarán pantalones de camuflaje. La acción del lunes se enmarca en la ofensiva lanzada tras anteriores protestas ciudadanas contra las redadas, cuando el despliegue militar en la ciudad se intensificó bajo orden presidencial.
El temor crece entre la comunidad migrante
El impacto de las redadas realizadas por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) va más allá del social, ya que también ha dejado una marca en la de por sí frágil economía que batalla por reactivarse después de los incendios forestales que azotaron la región hace seis meses.
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Carpinteros y paisajistas abandonan sus obras. El caso es especialmente preocupante al ver las renovaciones de locales comerciales que se estancaron y quedaron sin concluir.
Arturo Sneider, director ejecutivo de la gestora de centros comerciales y apartamentos Primestor, declaró en entrevista para Bloomberg que no cuentan con personal suficiente para cubrir la obra y que están luchando por “encontrar una solución”.
Más de 1.600 personas en toda el área de Los Ángeles fueron arrestadas por agentes de migración entre el 6 y 22 de junio, según cifras del medio especializado en finanzas. Estas detenciones tuvieron lugar en lugares de trabajo como lavaderos de autos, obras de construcción y centros de jornaleros como los estacionamientos de Home Depot.
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El terror esparcido entre la comunidad migrante provocó que se cerraran negocios e incluso la cancelación de celebraciones del 4 de julio en zonas latinas.