En un movimiento legislativo significativo, la gobernadora Kay Ivey de Alabama ha firmado dos nuevos proyectos de ley que buscan aumentar las restricciones sobre la inmigración ilegal y el voto de no ciudadanos en el estado. El lunes, la gobernadora ratificó el Senate Bill 158 y el Senate Bill 63, lo que marca un hito en la política de seguridad estatal y electoral en Alabama. Según informes del propio estado, las nuevas leyes han sido vistas como un esfuerzo para cerrar lagunas legales existentes y mejorar los procesos de identificación y vigilancia de individuos indocumentados en Alabama.
El SB158, concebido por el senador Will Barfoot, se centra en prohibir el uso de licencias de conducir extranjeras para votar, una práctica que anteriormente no estaba explícitamente excluida por la ley del estado. Esta medida busca asegurar que solo residentes legalmente reconocidos puedan participar en el proceso electoral, reforzando así la integridad del voto en Alabama. Al respecto, la gobernadora Ivey expresó que el enfoque principal de este proyecto es prevenir cualquier inconsistencia que pueda afectar las elecciones, subrayando la importancia de mantener un sistema electoral en el que los ciudadanos puedan confiar.
Por otro lado, el SB63, introducido por el senador Lance Bell, obliga a las fuerzas de seguridad a recopilar huellas dactilares y ADN de inmigrantes ilegales que se encuentren bajo custodia. Esta disposición busca acelerar el proceso de recolección de datos biométricos, permitiendo a las autoridades un acceso más rápido y eficiente a la información de antecedentes de estas personas. La creciente preocupación por los posibles problemas de seguridad y las políticas de identificación recientes motivaron la creación y aprobación de esta ley.
Migrantes y pruebas de ADN
Las nuevas leyes se aprueban en un momento en que el tema de la inmigración ilegal sigue siendo un factor de debate nacional. A nivel federal, la administración estadounidense también ha dirigido esfuerzos significativos hacia la revisión y ajuste de políticas migratorias. El país lleva a cabo una revisión extensa de la situación de 450.000 niños migrantes que cruzaron la frontera sin sus padres durante el mandato de Joe Biden. Según publicó Associated Press (AP), el objetivo oficial es rastrear a los menores, verificar su seguridad y evaluar la idoneidad de los adultos que los acogieron. La operación involucra a múltiples agencias, incluidas Seguridad Nacional y el FBI, que han comenzado a realizar visitas domiciliarias y entrevistas en todo el país, así como pruebas de ADN.
El gobierno sostiene que algunos de los patrocinadores adultos no fueron investigados adecuadamente, lo que podría haber expuesto a los menores a situaciones de explotación. Un caso reciente citado por AP involucra a un hombre acusado de atraer a una niña de 14 años desde Guatemala y obtener su custodia con documentos falsificados. Este individuo ya fue condenado en Ohio por abuso sexual y enfrenta ahora cargos federales por tráfico y robo de identidad.
Como parte de la operación, agentes federales han visitado hogares y realizado entrevistas a los menores y sus patrocinadores. En los últimos dos meses, cerca de 100 niños fueron retirados de sus patrocinadores y trasladados a refugios federales, precisó el mismo funcionario. Los investigadores también examinan solicitudes de patrocinadores sospechosos, incluidos los llamados “superpatrocinadores” que han reclamado la tutela de más de una docena de niños.
Posturas oficiales
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, mencionó en una reunión de gabinete que su agencia trabaja para “encontrar a los niños”, reportó AP. En redes sociales, HHS agregó: “Proteger a los niños no es opcional”.
La administración Trump también ha introducido cambios sustanciales en el proceso de patrocinio. Según documentos obtenidos por AP, ahora se exige que los patrocinadores proporcionen huellas dactilares, pruebas de ADN y verificación de ingresos. Estas medidas dificultan que adultos sin documentos o con ingresos limitados puedan acoger a los niños. Además, se recortó el financiamiento para abogados que representaban a los menores, dejando incluso a niños muy pequeños sin asistencia legal.