El gobierno de Estados Unidos inició una amplia revisión nacional sobre la situación de 450.000 niños migrantes que cruzaron la frontera con México sin sus padres durante el mandato de Joe Biden. Según publicó Associated Press (AP), el objetivo oficial es rastrear a los menores, verificar su seguridad y evaluar la idoneidad de los adultos que los acogieron. La operación involucra a múltiples agencias, incluidas Seguridad Nacional y el FBI, que han comenzado a realizar visitas domiciliarias y entrevistas en todo el país.
El gobierno sostiene que algunos de los patrocinadores adultos no fueron investigados adecuadamente, lo que podría haber expuesto a los menores a situaciones de explotación. Un caso reciente citado por AP involucra a un hombre acusado de atraer a una niña de 14 años desde Guatemala y obtener su custodia con documentos falsificados. Este individuo ya fue condenado en Ohio por abuso sexual y enfrenta ahora cargos federales por tráfico y robo de identidad.
No obstante, la medida ha generado críticas de defensores de los derechos de los migrantes. Denuncian que el operativo podría estar siendo utilizado para identificar y deportar a patrocinadores o niños que no tengan un estatus migratorio legal. Mary Miller Flowers, directora de políticas del Young Center for Immigrant Children’s Rights, expresó a AP que algunas familias legítimas temen ser separadas o deportadas en el transcurso de estas revisiones.
Un operativo federal con miles de visitas
La revisión se puso en marcha luego de que, desde 2023, se recibieran aproximadamente 65,000 quejas relacionadas con el bienestar de niños migrantes. De esas, unas 450 fueron derivadas a las fuerzas de seguridad federales, según informó a AP un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo condición de anonimato.
Como parte de la operación, agentes federales han visitado hogares y realizado entrevistas a los menores y sus patrocinadores. En los últimos dos meses, cerca de 100 niños fueron retirados de sus patrocinadores y trasladados a refugios federales, precisó el mismo funcionario. Los investigadores también examinan solicitudes de patrocinadores sospechosos, incluidos los llamados “superpatrocinadores” que han reclamado la tutela de más de una docena de niños.
Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, mencionó en una reunión de gabinete que su agencia trabaja para “encontrar a los niños”, reportó AP. En redes sociales, HHS agregó: “Proteger a los niños no es opcional”.
Temor entre familias migrantes
El operativo ha provocado inquietud entre las familias migrantes. Defensores de derechos advierten que las visitas armadas pueden intimidar a los niños y dificultar que denuncien abusos. Julia Cryne, abogada en Omaha, relató a AP que su cliente, un niño de 10 años, recibió en su casa la visita de agentes con uniforme táctico negro. Le hicieron preguntas sobre su caso y el paradero de su patrocinador.
La administración Trump también ha introducido cambios sustanciales en el proceso de patrocinio. Según documentos obtenidos por AP, ahora se exige que los patrocinadores proporcionen huellas dactilares, pruebas de ADN y verificación de ingresos. Estas medidas dificultan que adultos sin documentos o con ingresos limitados puedan acoger a los niños. Además, se recortó el financiamiento para abogados que representaban a los menores, dejando incluso a niños muy pequeños sin asistencia legal.
Flowers, del Young Center, señaló que estos requisitos, junto con el retiro de apoyo legal, constituyen una combinación de políticas que prácticamente imposibilitan que muchos niños sean liberados de la custodia federal.
Deportaciones y preocupación en comunidades locales
La implementación de las revisiones ya ha resultado en deportaciones. En Hawái, agentes de seguridad nacional deportaron a dos familias y trasladaron a un menor de nuevo a custodia federal, según reportó el Honolulu Civil Report. Casos similares se han registrado en Virginia y Nebraska.
Por su parte, el FBI defendió la operación en una declaración enviada a AP, subrayando que las revisiones se realizan “porque proteger a los niños es una misión crítica” y que continuará colaborando con socios federales, estatales y locales para garantizar la seguridad de los menores.