Exjuez y su esposa fueron detenidos tras acusaciones de albergar a presunto miembro del Tren de Aragua en su casa

Las autoridades descubrieron que Ortega López, arrestado en la propiedad de los Cano, había sido acogido por la familia y tenía acceso a armas de fuego proporcionadas por April Cano, hija del exjuez

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Joel Cano, exjuez de Doña Ana, y su esposa, Nancy Cano, fueron arrestados por su presunta implicación en un caso de vínculos con el Tren de Aragua. (Tribunal Supremo de Nuevo México)

El exjuez del condado de Doña Ana, Joel Cano, y su esposa, Nancy Cano, fueron arrestados por su presunta vinculación con el arresto de Cristhian Ortega López, un hombre acusado de tener vínculos con la banda venezolana Tren de Aragua.

La detención de los Cano, quienes hasta hace poco mantenían un destacado perfil en la comunidad judicial de Nuevo México, ha desatado una ola de conmoción y preocupación sobre la infiltración de grupos criminales transnacionales en el sistema judicial estatal.

La investigación, que comenzó con el arresto de Ortega López el pasado 28 de febrero en la propiedad de los Cano, ha revelado que el hombre de 23 años, quien ingresó ilegalmente a los Estados Unidos desde México, estuvo viviendo en la residencia de los exjueces, de acuerdo con FOX News.

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Durante un registro en el lugar, las autoridades encontraron varias armas de fuego, algunas de las cuales, según los investigadores, fueron facilitadas por April Cano, la hija de los arrestados.

Cristhian Ortega López, arrestado en la propiedad de los Cano, fue acusado de estar en el país ilegalmente y de poseer armas de fuego, en conexión con el Tren de Aragua. (Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Nuevo México)

Un operativo policial reveló más conexiones

El escándalo comenzó el pasado 28 de febrero, cuando las autoridades arrestaron a Cristhian Ortega López, un joven de 23 años originario de Venezuela, quien había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos en diciembre de 2023.

Ortega López había estado viviendo en la propiedad de los Cano, ubicada en Las Cruces, después de haber sido contratado por la esposa del exjuez, Nancy Cano, para realizar trabajos de mantenimiento en la casa.

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Durante el registro, los agentes de HSI encontraron varias armas de fuego en la residencia, algunas de las cuales, según las investigaciones, fueron suministradas por April Cano, la hija del exjuez.

El arresto de Ortega López, quien es sospechoso de estar vinculado con el Tren de Aragua, una organización criminal que opera en Venezuela y en varios países de América Latina, destapó una red de contactos que involucra a la familia Cano.

Durante un registro en la residencia de los Cano, las autoridades encontraron armas de fuego. (Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Nuevo México)

Según los documentos judiciales citados por Newsweek, Ortega López mantenía comunicaciones con miembros de la banda a través de mensajes en redes sociales, además de exhibir en su cuerpo tatuajes y ropa característica de la organización criminal.

En este contexto, las autoridades federales acusaron a los Cano de facilitar la presencia y las actividades ilegales de Ortega López en su propiedad. La arresto de ambos fue confirmado y se encuentran bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones.

El impacto en el sistema judicial de Nuevo México

El exjuez había tenido un largo historial de servicio en el Tribunal de Magistrados de Doña Ana, donde desempeñó funciones desde 2011. La renuncia de Cano, anunciada en marzo tras la detención de Ortega López, no fue suficiente para evitar las repercusiones legales de su vinculación con el caso.

El Tribunal Supremo de Nuevo México ya había determinado que Cano no podría volver a ocupar un cargo judicial en el estado, pero el arresto de él y su esposa ha llevado la controversia a un nivel aún más alto.

El arresto de los Cano surge tras una investigación federal sobre el tráfico de armas y la presencia de miembros del Tren de Aragua en Nuevo México. (Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Nuevo México)

Ahora, los fiscales federales y locales deberán determinar si los Cano enfrentan cargos adicionales relacionados con el tráfico de armas, conspiración o cualquier otra violación de la ley.

Amy Barela, presidenta del Partido Republicano de Nuevo México, ha exigido una mayor rendición de cuentas y transparencia en el sistema judicial estatal. En una declaración, Barela subrayó que los ciudadanos de Nuevo México “están hartos de ver cómo los poderosos actúan por encima de la ley” y demandó “justicia y una investigación profunda”, citó FOX News.

Por otro lado, el Partido Demócrata de Nuevo México ha expresado su preocupación por cómo la infiltración de grupos criminales transnacionales podría afectar la seguridad y la integridad del sistema judicial local.

La gobernadora Michelle Lujan Grisham se ha comprometido a tomar medidas para garantizar que se mantenga la confianza pública en las instituciones judiciales del estado, y ha ordenado una revisión exhaustiva de todos los procesos internos que permitan evitar que casos como este se repitan.

La investigación de Seguridad Nacional descubrió que Ortega López tenía acceso a varias armas de fuego proporcionadas por la familia Cano. (Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Nuevo México)

La sombra del Tren de Aragua

El caso también pone de relieve la creciente amenaza que representa el Tren de Aragua, una banda criminal conocida por su participación en delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y el extorsión.

Este grupo ha sido señalado como uno de los actores principales en la infiltración de organizaciones criminales venezolanas en los Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump designó al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera, destacando la peligrosidad de este grupo que opera no solo en Venezuela, sino también en países como Colombia, Chile y, recientemente, en varios estados de Estados Unidos.

El hecho de que un exjuez y su familia estén implicados con un miembro de esta banda ha generado un debate sobre la eficacia de las políticas de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.

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