Un caso que ha conmocionado al estado de Nueva Jersey involucra al teniente Kevin Matthew, de 48 años, quien ha sido acusado de sustraer cocaína y fentanilo de un depósito de pruebas en el condado de Bergen.
Según informó NBC 4 New York, las sustancias robadas formaban parte de evidencias clave en al menos nueve casos penales y estaban destinadas a ser utilizadas en juicios futuros. Las autoridades alegan que Matthew no solo robó estas drogas, sino que también intentó venderlas para su beneficio personal.
El fiscal general del estado, Matthew Platkin, calificó las acciones del acusado como una “traición tremenda y sorprendente” hacia el público. Según las investigaciones, el teniente habría manipulado las pruebas entre 2019 y 2023, devolviendo los paquetes con materiales y pesos diferentes a los originales.
Además, se descubrió que Matthew acumuló más de 600.000 dólares en depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.
Detalles del caso y modus operandi
De acuerdo con NBC 4 New York, Kevin Matthew no formaba parte de una unidad antinarcóticos, sino que trabajaba en la Unidad de Víctimas Especiales de la Fiscalía del Condado de Bergen (BCPO, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, utilizó su acceso a una base de datos laboral que contenía registros de drogas analizadas por la Policía Estatal de Nueva Jersey para identificar y sustraer las sustancias. Las autoridades aseguran que las drogas robadas incluían cocaína, heroína y fentanilo, todas altamente peligrosas y con un alto valor en el mercado ilegal.
El esquema de Matthew consistía en retirar las sustancias del depósito de pruebas, reemplazarlas con otros materiales y devolverlas con pesos alterados. Este patrón de comportamiento se habría repetido durante un periodo de cuatro años, afectando directamente la integridad de los casos judiciales relacionados con estas pruebas.
Cargos y posibles consecuencias legales
El teniente enfrenta un total de 50 cargos penales, que incluyen posesión y distribución de drogas, fraude fiscal, manipulación de registros públicos, mala conducta oficial y otros delitos relacionados. Según los fiscales, si es declarado culpable, podría enfrentar una condena de entre 10 y 20 años de prisión.
Además de los cargos relacionados con las drogas, los fiscales han señalado que Matthew no reportó los 600.000 dólares en efectivo que depositó en sus cuentas bancarias, lo que constituye un delito de fraude fiscal. Este hallazgo refuerza las sospechas de que el acusado se benefició económicamente de la venta de las sustancias robadas.
Reacciones de las autoridades y la defensa
El fiscal general Matthew Platkin expresó su indignación por el caso, destacando que las acciones de Matthew no solo traicionaron la confianza pública, sino que también pusieron en riesgo la seguridad del condado de Bergen.
“En lugar de hacer que el condado de Bergen sea más seguro, la acusación alega que el acusado retiró repetidamente de la bóveda de pruebas grandes cantidades de drogas peligrosas que ya habían sido incautadas por las fuerzas del orden”, afirmó Platkin.
Por su parte, el fiscal del condado de Bergen, Mark Musella, enfatizó que este incidente no debe empañar la reputación del resto de los empleados de la Fiscalía.
“El comportamiento aberrante de un solo empleado no debe eclipsar el trabajo constante y diligente de los hombres y mujeres de la Fiscalía del Condado de Bergen”, declaró Musella. También aseguró que, desde que se conocieron las acusaciones, su oficina ha cooperado plenamente con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General.
En contraste, el abogado defensor de Matthew, Charles Sciarra, afirmó que su cliente mantiene su inocencia y criticó duramente a la Fiscalía General por lo que calificó como una campaña mediática en contra de su representado.
“Dieciséis meses después, publican una larga acusación que no nos acerca a la presunta conspiración, cuyos presuntos participantes siguen siendo un misterio”, señaló Sciarra. Además, acusó a la Fiscalía General de tener un “historial desastroso” en investigaciones recientes y de mostrar un “conocido sesgo contra la aplicación de la ley”.