El Departamento de Estado estadounidense confirmó esta semana que aún hay nueve de sus connacionales injustamente detenidos en Venezuela y exigió, por tanto, su liberación inmediata.
“Es inaceptable que el régimen (de Nicolás Maduro) haya arrestado y encarcelado a estadounidenses en circunstancias cuestionables y sin respeto por sus derechos”, apuntó un portavoz del Departamento, que sumó que el secretario Marco Rubio se mantiene comprometido con el regreso de todos ellos al país.
“Todos los estadounidenses detenidos injustamente por el régimen de Maduro deben ser liberados de inmediato. Estados Unidos continúa con sus esfuerzos para asegurar la liberación de los estadounidenses restantes detenidos injustamente por el régimen de Venezuela”, sumó el vocero.
El nuevo balance contempla la actualización del pasado 31 de enero, cuando el enviado especial de Donald Trump para Venezuela, Richard Grenell, se reunió con Nicolás Maduro en Caracas y consiguió la liberación de seis presos que regresaron a Washington.
Grenell se presentó en el Palacio de Miraflores días después del regreso del republicano a la Casa Blanca con una agenda definida: buscaba reactivar los vuelos de deportación hacia Venezuela y avanzar sobre la situación de los estadounidenses detenidos allí. “Los rehenes estadounidenses que se encuentran detenidos en Venezuela (...) deben ser liberados de inmediato”, dijo Mauricio Claver-Carone, otro funcionario estadounidense encargado de cuestiones en Latinoamérica, antes del encuentro.
No obstante, se desconocía cómo transcurrirían las conversaciones y la imagen de los siete en el avión llegó por sorpresa.
En los últimos años, el chavismo ha acusado en reiteradas oportunidades a ciudadanos estadounidenses de participar en actividades “terroristas” y de ser mercenarios que conspiran contra sus funcionarios, y, por tanto, ha ordenado su detención.
Sin ir más lejos, en la antesala de la investidura del 10 de enero, Maduro ordenó el arresto de siete “mercenarios”, entre los que había dos ciudadanos de Estados Unidos “de altísimo nivel”, aunque evitó dar detalles sobre ellos o brindar precisiones sobre los supuestos delitos cometidos o a cometer.
Pese a que el Palacio de Miraflores manifestó entonces su disposición a mantener los “canales diplomáticos abiertos” con Washington y hasta cooperó en sus operativos de deportación de las últimas semanas, lo cierto es que estos acercamientos podrían verse comprometidos tras las recientes tensiones entre las partes, luego de que Trump pusiera fin a la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en el país.
El anuncio se conoció el pasado 4 de marzo y definió que la firma debe cesar sus operaciones en el país antes del 3 de abril -es decir, en 30 días en lugar de los seis meses habituales-, en línea con la última actualización de licencia que Estados Unidos concedió a la empresa en 2022.
La medida busca cortar una de las principales fuentes de ingreso del régimen, con miras a debilitarlo e impedir que mantenga activa su maquinaria de represión.
“Estamos revirtiendo las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, con fecha de noviembre de 2022, y que también tienen que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro”, sostuvo Trump.
(Con información de Reuters)