El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado la reapertura del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley, Texas, como parte de un nuevo acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la ciudad de Dilley. La instalación será administrada por la empresa privada de prisiones CoreCivic, según CNN.
El centro, que cuenta con una capacidad de 2.400 personas, ha sido utilizado en distintas administraciones para la detención de familias migrantes. Durante el gobierno de Barack Obama, fue empleado para alojar a familias centroamericanas que cruzaban la frontera de manera irregular, de acuerdo con AP News. En la primera administración de Donald Trump, la instalación continuó operando bajo el mismo propósito. Sin embargo, en 2021, la administración de Joe Biden eliminó la detención familiar y el centro pasó a albergar solo adultos hasta su cierre en agosto de 2024, según Telemundo.
De acuerdo con CoreCivic, el nuevo contrato con ICE y la ciudad de Dilley permitirá que la instalación vuelva a alojar familias migrantes. El acuerdo, que se extenderá hasta marzo de 2030, generará aproximadamente 180 millones de dólares anuales, según CNN. ICE no ha emitido comentarios sobre el contrato ni ha informado cuándo iniciará la reactivación del centro, de acuerdo con AP News.
¿Por qué se reabre el centro de detención de Dilley?
La medida forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para endurecer la política migratoria. En los últimos meses, la administración ha ampliado la capacidad de detención de migrantes en instalaciones militares, incluyendo la Base Naval de Guantánamo en Cuba, a través de vuelos desde El Paso, Texas. Además, la empresa GEO Group firmó un contrato de 1.000 millones de dólares con ICE para convertir Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, en un centro de procesamiento de inmigrantes con capacidad para 1.000 personas, según Telemundo.
Impacto económico de la reapertura
El nuevo contrato de ICE con CoreCivic generará ingresos significativos para la ciudad de Dilley y el estado de Texas. Según estimaciones de CoreCivic, la instalación operará con un presupuesto anual de 180 millones de dólares, una cantidad que podría beneficiar a proveedores locales y generar empleos en la zona. No obstante, grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por la privatización del sistema de detención migratoria y el uso de fondos federales para la expansión de estos centros, según AP News.
Críticas y preocupaciones sobre la detención de familias migrantes
El centro de Dilley ha sido objeto de críticas en el pasado debido a denuncias sobre las condiciones en que se encuentran las personas detenidas. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han señalado que las instalaciones presentan deficiencias en la atención médica y el acceso a servicios básicos, según informes previos de medios de comunicación y grupos de derechos humanos. ICE ha defendido en diversas ocasiones sus centros de detención, asegurando que cumplen con los estándares establecidos, de acuerdo con CNN.
Grupos de defensa han alertado sobre el posible impacto psicológico en niños detenidos, señalando que el tiempo de permanencia en estos centros podría afectar su bienestar emocional y desarrollo. Estudios de organismos internacionales han señalado que la detención prolongada de menores en centros migratorios puede generar ansiedad y estrés postraumático, de acuerdo con expertos citados por Telemundo.
¿Cómo afecta esta reapertura a la política migratoria de EEUU?
Según datos de la agencia migratoria, en 2024 no había instalaciones específicamente destinadas a la detención de familias, pese a que estas representaron aproximadamente un tercio de los ingresos a la frontera sur, de acuerdo con AP News. La reactivación del centro de Dilley se da en un contexto en el que las autoridades han intensificado los esfuerzos para reducir la migración irregular, con la promesa de incrementar las deportaciones y fortalecer la vigilancia en la frontera con México, según Telemundo.
El gobierno de Trump ha señalado que el aumento en la capacidad de detención busca disuadir la migración irregular y reducir el flujo de familias que cruzan la frontera sin autorización. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han argumentado que la estrategia se enfoca en la detención masiva en lugar de explorar soluciones alternativas como el uso de programas de libertad condicional supervisada o la agilización de los procesos de asilo, de acuerdo con CNN.
La administración ha defendido la política de detención familiar como una herramienta para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. Sin embargo, expertos han señalado que la falta de transparencia en los centros de detención y la dificultad de acceso para abogados y medios de comunicación siguen siendo desafíos pendientes en la política migratoria de Estados Unidos, según AP News.