El sistema de escuelas públicas de Denver (DPS) ha tomado una medida sin precedentes al presentar una demanda federal contra la administración de Donald Trump. Según informaron AP, ABC, NBC, The Guardian y Fox News la acción legal busca frenar la política que permite a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresar a las escuelas, una decisión que, según el distrito, generó temor entre los estudiantes y sus familias, afectando gravemente la asistencia escolar y desviando recursos educativos esenciales.
La demanda, presentada el miércoles, convierte a Denver en el primer distrito escolar de Estados Unidos en desafiar esta política en los tribunales. El DPS argumenta que la eliminación de las restricciones previas sobre la aplicación de leyes de inmigración en lugares sensibles, como las escuelas, ha tenido un impacto negativo en su capacidad para cumplir con su misión educativa.
“El DPS se ve obstaculizado en su misión de proporcionar educación y servicios de vida a los estudiantes que evitan asistir a las escuelas por temor a acciones de inmigración en los terrenos escolares”, señala el documento legal.
Un cambio de política que genera temor y desconfianza
El conflicto se originó el mes pasado, cuando la administración Trump eliminó las reglas que durante años habían limitado las acciones de inmigración en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales y lugares de culto. Según detalló The Guardian, esta decisión forma parte de los esfuerzos del expresidente por cumplir sus promesas de campaña relacionadas con la deportación masiva de inmigrantes.
El DPS, que atiende a más de 90.000 estudiantes, de los cuales aproximadamente 4.000 son inmigrantes, asegura que esta política sembró el miedo entre las familias, especialmente en una comunidad estudiantil donde más de la mitad de los alumnos son latinos. Además, el distrito ha tenido que redirigir recursos significativos para implementar políticas de protección y capacitar a su personal sobre cómo manejar situaciones en las que agentes de ICE intenten ingresar a las escuelas.
Impacto en la comunidad educativa y en la ciudad de Denver
La demanda también destaca el contexto migratorio que enfrenta Denver. Desde 2023, la ciudad recibió cerca de 43.000 personas provenientes de la frontera sur de Estados Unidos, lo que ha incrementado la presión sobre los servicios locales, incluidas las escuelas públicas.
Según el DPS, los padres inscriben a sus hijos en las escuelas públicas con la expectativa de que estos espacios sean seguros y libres de la aplicación de leyes de inmigración. Sin embargo, la nueva política ha generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza.
El superintendente de la institución, Alex Marrero, expresó su preocupación por el impacto emocional y educativo que esta situación está teniendo en los estudiantes, padres y maestros. En declaraciones al medio Chalkbeat Colorado, el funcionario afirmó: “No podemos seguir funcionando con este miedo... El hecho de que algunas personas sientan que [la aplicación de la ley] va a ocurrir en nuestras escuelas realmente paraliza nuestra capacidad de operar”.
Una demanda con objetivos claros
El DPS no solo busca bloquear las redadas de ICE en las escuelas de Denver, sino también en todo el país. La demanda presentada argumenta que la administración Trump no proporcionó una justificación adecuada para rescindir las reglas anteriores ni ha considerado las consecuencias de esta decisión.
Además, el distrito escolar exige que el DHS publique de manera oficial la directiva que permite estas acciones, con el objetivo de prepararse mejor y proteger a sus estudiantes.
“Denver está defendiendo a sus niños y familias, y protegiendo el derecho de todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, a asistir a las escuelas públicas”, declaró Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, en un correo electrónico citado por The Guardian.
Recursos educativos desviados y un ambiente de miedo
El DPS señaló que la implementación de esta política ha obligado al distrito a desviar tiempo y recursos significativos para desarrollar estrategias de protección. Esto incluye la capacitación del personal docente y administrativo para responder a posibles intentos de agentes de ICE de ingresar a las instalaciones escolares.
El impacto de esta política también se refleja en la disminución de la asistencia escolar, ya que muchas familias temen enviar a sus hijos a la escuela. Según el DPS, este ambiente de miedo está afectando no solo el rendimiento académico de los estudiantes, sino también su bienestar emocional y social.