Un tribunal federal impidió este domingo que el gobierno del presidente Donald Trump trasladara a tres inmigrantes venezolanos detenidos en Nuevo México a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, como parte de las nuevas estrategias de control migratorio de la administración estadounidense.
El fallo, emitido por el juez Kenneth J. Gonzales, concede una orden de restricción temporal, en respuesta a una solicitud presentada por los abogados de los inmigrantes, quienes argumentaron que sus clientes han sido acusados falsamente de estar vinculados con la banda criminal Tren de Aragua.
“Es a corto plazo. Esto será revisado y detallado más en las próximas semanas”, explicó Jessica Vosburgh, abogada de los tres hombres, en declaraciones a The Associated Press.
El documento, presentado ante una Corte Federal de Distrito en Nuevo México, sostiene que los inmigrantes forman parte de un grupo al que el gobierno de Trump está priorizando para su reclusión en Guantánamo.
“Encajan en el perfil de aquellos a los que el gobierno da prioridad para ser detenidos en Guantánamo, es decir, hombres venezolanos arrestados en el área de El Paso bajo acusaciones (falsas) de estar vinculados con la banda Tren de Aragua”, señala el texto.
Los abogados de los detenidos argumentaron que la incertidumbre sobre su acceso a un debido proceso legal y asesoría jurídica justifica la intervención de la Corte. La solicitud fue impulsada por organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México y el Centro Asesor de Inmigrantes Las Américas.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no ha emitido comentarios sobre la decisión judicial.
Guantánamo como centro de detención migratoria
El fallo se produce en un contexto de creciente preocupación por el uso de Guantánamo como centro de detención para inmigrantes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la semana pasada que vuelos con personas detenidas han aterrizado en la base.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han manifestado su rechazo a esta política. En una carta enviada el viernes, expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el proceso y exigieron acceso a los detenidos, argumentando que Guantánamo no debería convertirse en un “agujero negro jurídico”.
Históricamente, la base ha sido utilizada por Estados Unidos para la detención de sospechosos de terrorismo, pero la decisión de trasladar a inmigrantes a este centro de reclusión representa un cambio en la estrategia migratoria del gobierno de Trump.
El Tren de Aragua es una organización criminal que surgió hace más de una década en una prisión del estado de Aragua, en Venezuela. En los últimos años, se ha expandido a otras partes de América Latina y Estados Unidos, aprovechando el éxodo de millones de venezolanos que han huido de la dictadura de Nicolás Maduro.
Las autoridades estadounidenses han vinculado a esta banda con delitos como tráfico de drogas, extorsión y trata de personas, lo que ha llevado a que algunos inmigrantes venezolanos sean sospechosos de tener lazos con la organización criminal. Sin embargo, grupos de derechos humanos han denunciado que muchos han sido arbitrariamente señalados, sin pruebas suficientes que respalden las acusaciones.
Desde que asumió nuevamente la presidencia el 20 de enero, Trump ha intensificado sus medidas contra la inmigración irregular. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, más de 8.000 personas han sido arrestadas en operativos para contener la inmigración desde la investidura del mandatario.
Trump ha reiterado su compromiso de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, de un total estimado de 11,7 millones de personas que residen en Estados Unidos sin estatus legal.
El caso de los tres inmigrantes venezolanos detenidos en Nuevo México y el fallo del tribunal podrían sentar un precedente en la política migratoria de la actual administración, en momentos en que diversas organizaciones siguen de cerca la legalidad de estas medidas y su impacto en los derechos humanos.
(Con información de The Associated Press)