Estados Unidos sigue aumentando la presión sobre Nicolás Maduro, a poco menos de dos meses de la fecha establecida para el inicio del próximo mandato presidencial en Venezuela.
Este martes, la Cámara de Representantes aprobó un nuevo proyecto, que obtuvo el respaldo tanto de republicanos como de demócratas, que se suma a las iniciativas vigentes e impide cualquier negocio o contratación por parte del Gobierno de Estados Unidos de personas o empresas que tengan lazos comerciales con “el Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con “cualquier Gobierno sucesor de Maduro en Venezuela, que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
La Ley Bolívar -oficialmente denominada Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela- fue presentada por los legisladores del estado de Florida, el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz.
Waltz, elegido por Donald Trump para ser el próximo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró al introducir el proyecto que Estados Unidos debe “mantener las sanciones existentes contra el régimen y buscar ampliarlas para minimizar los recursos de Maduro para abusar de las libertades y la prosperidad del pueblo venezolano”.
El político se refirió así a los comicios de este año -en los que el chavismo cometió fraude y se proclamó ganador- y denunció que el oficialismo “se ha burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones violentas contra la oposición democrática”. “Venezuela está en crisis debido al Gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, insistió.
Sin embargo, aseguró, “esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro, así como a otros dictadores de todo el mundo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas”, adelantando así la posición que sentará desde su próximo cargo.
Por su parte, Schultz señaló que la aprobación de esta ley es fundamental ya que “a menos que Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro, no podemos decir verdaderamente que estamos comprometidos con el pueblo venezolano”.
“Estoy orgullosa de ayudar a liderar esta legislación bipartidista que cortará la red de apoyo a Maduro y enviará el mensaje claro de que los estadounidenses no toleraremos la represión antidemocrática y, ciertamente, no la subsidiaremos”, confió a continuación.
Además de Schultz y Waltz, acompañaron el proyecto los congresistas María Elvira Salazar, Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y Jennifer González-Colón, entre otros, e instaron al Senado a que, ahora, “apruebe rápidamente” la iniciativa y la envíe al Presidente, para su ratificación y promulgación.
El apoyo de Marco Rubio, actual senador y recientemente nombrado secretario de Estado para la próxima presidencia de Trump, también se da por sentado, dado que en el pasado ya ha acompañado legislaciones similares. De hecho, con la llegada del empresario a la Casa Blanca y el nombramiento del legislador en el gabinete, se espera un endurecimiento en lo que respecta a la política estadounidense sobre Venezuela, con sanciones más estrictas y una retórica menos negociadora.
Por su parte, en Venezuela, como era de esperarse, la ley no fue recibida con agrado. Desde allí, la Cancillería emitió un comunicado en el que describió la iniciativa como un “ataque criminal” y cargó contra Washington por su postura contra el país.
“De manera desvergonzada le han colocado el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar al imperialismo y al colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal”, que viola la Carta de la ONU y se suma a “las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales” impuestas a Caracas, se lee en el escrito difundido por la cartera de Yván Gil.
(Con información de AFP y EFE)