Platón, filósofo griego: “El precio de la indiferencia de los hombres buenos es ser gobernados por hombres malos”

En la historia del pensamiento occidental, hay pocos nombres que tengan el mismo peso que el de Platón. Nacido en Atenas hacia 427 a. C. y muerto aproximadamente en 347 a. C., fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Sus reflexiones abordaron cuestiones como la justicia, la educación, el conocimiento y la organización de la ciudad, con reflexiones tan relevantes que, incluso más de 2.000 años después, sus preguntas siguen interpelando a buena parte de las sociedades de este mundo.

Dentro de la obra platónica, La República es uno de los diálogos más conocidos. Esta obra gira alrededor de una pregunta, en apariencia, sencilla: qué es la justicia y cómo debería organizarse una polis (ciudad griega) justa. A través de lo que dice su maestro Sócrates, Platón examina bajo esta premisa temas como la relación entre individuo y comunidad, las distintas formas de gobierno y cómo gobernar no debería ser un modo de satisfacer intereses personales, sino una responsabilidad orientada al bien de los gobernados.

Es en este contexto donde aparece una de sus frases más recordadas: “El precio de la indiferencia de los hombres buenos es ser gobernados por hombres malos”. La formulación no es textual, sino una paráfrasis de su sentencia original que mantiene su idea: cuando los individuos rechazan su responsabilidad política, el poder puede recaer en las manos menos adecuadas.

“Los justos aparecen como más sabios”

Las palabras originales de La República de Platón son las siguientes: “El mayor castigo es ser gobernado por alguien peor, si uno mismo no quiere gobernar”. Como vemos, la esencia es la misma, pues lo que nos viene a decir el filósofo es que la responsabilidad pública empieza por la responsabilidad personal. Sobre esto último, es conocida la sentencia de Platón de que “una vida sin examen no merece ser vivida”, lo que nos invita a cultivar una actitud crítica ante nuestras decisiones.

Ahora bien, una vez nos hemos evaluado a nosotros mismos, llega otra pregunta igualmente importante: ¿podemos exigir buenos gobernantes si renunciamos a examinar aquello que, colectivamente, pretendemos defender? En La República, la justicia se convierte entonces en una condición para que una comunidad pueda actuar conjuntamente. “Los justos aparecen como más sabios, mejores y más capaces de actuar”, dice Sócrates, recalcando que la polis necesita ciudadanos capaces de cooperar, reconocer límites y perseguir bienes compartidos, no solo intereses particulares.

La postura de Platón no es partidista, pero sí exigente. El filósofo aduce que quien tiene capacidad para contribuir al bien común no debería apartarse de toda responsabilidad. En una democracia, esa responsabilidad puede adoptar muchas formas: votar, informarse, debatir, participar en iniciativas colectivas o exigir explicaciones a quienes ejercen el poder. Es más, Sócrates llega a describir la experiencia de gobernar como una especie de “castigo” que deben aceptar las mejores personas para que la ciudad verdaderamente sea un lugar justo.

En defensa de la república

Décadas más tarde, Aristóteles seguiría los temas sobre los que reflexionó su maestro y añadiría una premisa también muy interesante: “El hombre es por naturaleza un animal político”. El filósofo añadió que el ser humano aislado de la ley y la justicia puede convertirse en el peor de los animales. La vida en común, por lo tanto, se convierte en el espacio donde se construyen la justicia y el bien compartido.

En la Antigua Roma, otros filósofos como Cicerón mantendrían preocupaciones semejantes. En De legibus, este pensador formula una máxima destinada a todos aquellos que ostenten el poder: “Que el bienestar del pueblo sea la ley suprema”. La frase sitúa el interés colectivo por encima de las conveniencias particulares y recuerda que gobernar implica una obligación hacia la comunidad. Sin embargo, para Cicerón la comunidad tampoco es un sujeto pasivo y, por ello, debe “trabajar por la paz y el honor”. De hecho, en De re publica sostiene que la República tiene derecho a reclamar de los ciudadanos “la mayor y mejor parte” de sus capacidades y juicios.