Un mes después del suceso de El Bocal de Santander: una causa judicial y precinto de zonas

Santander, 3 abr (EFE).- Un mes después del hundimiento de la pasarela de El Bocal en Santander, un suceso en el que murieron seis jóvenes entre 19 y 22 años y una séptima resultó herida, hay un proceso judicial abierto, y en la capital cántabra, pero también en otros municipios, algunos espacios e infraestructuras en zona costera han sido precintados para evitar accidentes.

Fue el pasado 3 de marzo hacia las 16.30 horas cuando un grupo de siete jóvenes, seis chicas y un chico, pasaban por una pasarela, ubicada en la senda costera de Santander, cuando colapsó.

Se trataba de los seis fallecidos, Lucía (Camargo, 22 años), Xabier (Balmaseda, 21 años), Celia (Barakaldo, 19 años), Eunate (Barakaldo, 19 años), Lluna (Almería, 20 años) y Elena (Guadalajara, 20 años), y la superviviente, Ainara, (Álava, 19 años).

Todos eran estudiantes de Formación Profesional y habían ido a hacer una ruta por la zona de la senda costera, pero cayeron al mar al colapsar la pasarela que estaban cruzando.

En primer término, el operativo de rescate halló los cuerpos sin vida de cinco de los jóvenes y logró rescatar a la única superviviente.

El cadáver de la sexta fallecida, Elena, tardó más en ser recuperado: fue casi dos días después del suceso.

Tras lo ocurrido, se ha abierto una causa judicial.

Prácticamente, desde el inicio gran parte del debate se ha dirigido al estado de esa pasarela y a qué administración correspondía su mantenimiento: si a la Demarcación de Costas, que fue la que ejecutó el proyecto de la senda costera, o al Ayuntamiento de Santander, que en principio iba a hacerse cargo de las tareas de conservación.

Lo que desde el primer momento han sostenido desde el Consistorio es que la obra de la senda no se finalizó y que no fue recepcionada por esta administración local, por lo que no estaba vigente ni llegó a concretarse nunca ese compromiso de mantenimiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende Costas, defendía en cambio que era el Ayuntamiento el que debía hacer el mantenimiento.

De entrada, la jueza ya ha apuntado en un auto que hay "serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente" en el mantenimiento de la pasarela.

Y ha tomado la decisión de dirigir acción penal contra dos funcionarios de Costas porque, tras examinar la documentación aportada, considera que las obras de la senda no estaban acabadas y que la conservación recaía en esa administración.

También advertía la juez de que al Ayuntamiento le correspondería acotar o precintar espacios si se detecta un riesgo.

Apenas un día antes del suceso, un vecino alertó al 112 de que la pasarela no estaba en condiciones.

Ese aviso fue trasladado a la Policía Local de Santander y la agente que lo recogió no abrió incidencia alguna ni lo comunicó a ningún equipo, según admitió la propia alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, a los pocos días del suceso.

Hace una semana se produjeron en sede judicial las primeras declaraciones de testigos e investigados.

Llegó al juzgado como investigada la agente de la Policía Local que recogió el aviso del 112 y también acabó con esa condición la persona del servicio de emergencias que trasladó la llamada. Junto a ellas, la juez ya había señalado a los dos funcionarios de la Demarcación de Costas dentro de la causa que instruye.

Todo apunta a que será un proceso complejo: por la gravedad del suceso, por el gran número de partes personadas y por la cantidad de prueba testifical, documental y pericial que habrá que recabar y examinar.

Mientras, un mes después, en Santander se han precintado cautelarmente otras zonas, como los bajos de la primera playa de El Sardinero, tras avisar Costas al Ayuntamiento de riesgo estructural. También en otros municipios con zona costera, como Piélagos, se ha actuado para clausurar, por ejemplo, el acceso a la playa de a Arnía. EFE