Fundación Broseta condena la "concesión de beneficios" a Txeroki: "No ha mostrado arrepentimiento, no ha pedido perdón"

La Fundación Profesor Manuel Broseta ha llamado la atención sobre el riesgo de que la concesión de regímenes penitenciarios más flexibles a exdirigentes de ETA que no han mostrado arrepentimiento pueda perjudicar la credibilidad del sistema penal español y erosionar el respeto hacia las víctimas del terrorismo. Según publicó la Fundación a través de un comunicado, la reciente decisión de conceder un régimen de semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’, exjefe de ETA, representa un episodio especialmente grave, dado que la entidad subraya que el beneficiado "no ha mostrado arrepentimiento, no ha pedido perdón, no ha reparado el daño causado y no ha colaborado en el esclarecimiento de los muchos atentados cuya autoría no ha podido ser determinada".

De acuerdo con el comunicado recogido por la Fundación Broseta, ‘Txeroki’ ha recibido condenas judiciales que superan los 400 años de prisión por delitos de terrorismo y por su participación activa en ETA. La organización ha recordado que la legislación penitenciaria vigente en España impone condiciones estrictas para cualquier avance en el régimen de vida de los reclusos, especialmente cuando se trata de delitos de terrorismo. En ese sentido, la Fundación remarca que para acceder a la semilibertad, se exige la desvinculación pública y expresa de la organización terrorista, la colaboración efectiva con las autoridades judiciales para esclarecer crímenes aún no resueltos y una clara manifestación de arrepentimiento y de voluntad de reparar a las víctimas, conforme a la legalidad y la jurisprudencia del país.

La Fundación Broseta, que se fundó en 1992 para mantener viva la memoria de Manuel Broseta, jurista y político valenciano asesinado por ETA, ha reiterado que estos beneficios penitenciarios deben sustentarse en el principio de legalidad, la individualización y los objetivos de reinserción social, pero sin desligarse de los requerimientos reforzados que el ordenamiento jurídico reserva para los condenados por terrorismo. Tal como señala el comunicado, la concesión de medidas de semilibertad en ausencia de estos requisitos implica, para la Fundación, un riesgo de que se resienta la coherencia y legitimidad del sistema penal.

Según consignó la propia Fundación, decisiones de este tipo pueden tener consecuencias negativas tanto para las víctimas directas del terrorismo como para el conjunto de la sociedad. Argumentan que la confianza en la firmeza del Estado democrático frente a quienes atentaron contra la vida y la libertad se ve afectada cuando se adoptan resoluciones que, a su juicio, no se ajustan de modo riguroso a la ley. Además, alertan de que este tipo de concesiones puede resultar en una "grave desafección" entre las víctimas y la ciudadanía, que históricamente han depositado su confianza en la respuesta institucional ante el terrorismo.

La Fundación subraya la importancia de garantizar que toda decisión relacionada con beneficios penitenciarios para condenados por terrorismo cumpla con los principios de transparencia, fundamentación jurídica y estricto apego a la legislación vigente. La organización añade que el respeto a la dignidad y memoria de las víctimas exige decisiones penitenciarias basadas en criterios objetivos y en la aplicación igualitaria de la ley, lo que a su juicio constituye el fundamento mismo del Estado de Derecho.

En el comunicado, la Fundación Broseta ha reafirmado su compromiso con la memoria de las víctimas, la defensa del Estado de Derecho y la aplicación rigurosa de la normativa penal sin aceptar excepciones ni interpretaciones que a su entender pudieran debilitar los principios que guiaron al Estado democrático en la lucha contra el terrorismo, dentro del marco constitucional español.