Maíllo (IU) pone de manifiesto la necesidad de implantar una Ley de Vivienda Estatal

Durante la concentración celebrada para rechazar el desalojo de once familias en la provincia de Sevilla, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, insistió en que el acceso a la vivienda debe situarse en el centro del debate político y ser una de las primeras prioridades que afronte un futuro gobierno que no esté liderado por el Partido Popular ni por Juanma Moreno. En ese contexto, Maíllo subrayó que el establecimiento urgente de una Ley Estatal de Vivienda resulta fundamental para enfrentar el aumento de los desalojos y garantizar que las personas puedan acceder a hogares dignos y asequibles, según consignó el medio.

La declaración de Maíllo se produjo el sábado 14 de febrero, durante su participación en la marcha 'Su negocio, nuestras vidas. Por el derecho a la vivienda', que reunió a manifestantes contrarios a la expulsión de familias en el barrio sevillano de Palmete. Según publicó el medio, el dirigente de IU afirmó que la vivienda representa actualmente “el principal problema de España” y que abordar este desafío es imprescindible para el bienestar social y para garantizar oportunidades a la población. Maíllo reiteró la idea de que los poderes públicos tienen la responsabilidad de actuar ante lo que describió como una situación insostenible derivada de la mercantilización de la vivienda.

El medio detalló que Maíllo argumentó que la aprobación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda permitiría fijar un techo a los precios de los alquileres, especialmente en aquellas zonas donde los incrementos resultan más acusados, frenando el avance de la especulación sobre este bien esencial. En sus declaraciones, el dirigente calificó de incompatible con el derecho a la vivienda el modelo que, a su juicio, promueve el actual gobierno andaluz, al favorecer la inversión de grandes fondos en el mercado inmobiliario. Según explicó Maíllo y reportó el medio, esta situación facilita un escenario en el que la vivienda se convierte en objeto exclusivo de interés económico y negocio en lugar de cumplirse como un derecho fundamental.

Cabe señalar que, según consignó el medio, Maíllo expresó su respaldo a quienes enfrentan desalojos en la zona del Palmete, señalando que la vivienda es un derecho básico vinculada a la dignidad de las personas. Asimismo, expuso que la "Andalucía que queremos" debe basarse en un enfoque responsable de la política de vivienda, donde el acceso adecuado sea un hecho y no una excepción. El dirigente abogó por la promoción y construcción de viviendas públicas que respondan a las necesidades de las familias, en contraposición a la proliferación de pisos turísticos, de los que afirma que resultan incompatibles con el derecho a la vivienda y que deberían revertirse o reconvertirse para contribuir a la oferta pública.

El medio reportó también que Maíllo sostuvo que esta estrategia de limitar el crecimiento del alquiler y de acabar con la especulación permitiría a las comunidades autónomas ejercer un papel más activo, desarrollando políticas que resulten incompatibles con la orientación especulativa que, según afirma, define la actual actuación del gobierno dirigido por Juanma Moreno. Además, insistió en que el uso de propiedades para fines turísticos reduce la disponibilidad de vivienda habitual y dificulta a muchas familias el acceso a hogares adecuados, por lo que consideró necesario regular y reorientar este tipo de actividades inmobiliarias en beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo a lo publicado, Maíllo concluyó señalando que la solución al problema del acceso a la vivienda pasa por un compromiso político real en el que la administración pública asuma la tarea de garantizar la protección del derecho a una vivienda digna y asequible, eliminando las prácticas que favorezcan la especulación y promoviendo alternativas que beneficien a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.