El Congreso reactiva la comisión sobre los atentados yihadistas de 2017 con dos nuevas comparecencias

El presidente de la comisión que investiga los atentados yihadistas de Cataluña en 2017 retomó recientemente el contacto con los portavoces parlamentarios para recordarles la necesidad de cumplir con el compromiso adquirido hacia las víctimas, una instancia que precipitó el reinicio de los trabajos tras casi ocho meses sin actividad. Según informó Europa Press, la comisión del Congreso encargada de esclarecer estos hechos ha decidido reactivar su agenda este mes con la citación de dos testigos clave, medida adoptada después que los miembros de la Mesa y los diferentes grupos parlamentarios alcanzaran un acuerdo al respecto.

Europa Press detalló que entre los comparecientes previstos figura Adrián Fernández Ramírez, un joven converso al Islam a quien Abdelbaki Es Satty —imán de Ripoll y señalado como principal responsable intelectual de los ataques— intentó captar. Fernández Ramírez declaró anteriormente en el juicio relativo a los sucesos de agosto de 2017, relatando que conoció a Es Satty en Castellón y que mantuvieron conversaciones en las que este defendía la yihad. A pesar de ello, el testigo aseguró que el imán no le mostró material propagandístico de Daesh ni le impulsó a tomar parte en acciones violentas, según recogió Europa Press en su cobertura.

El otro testigo cuya presencia ha sido acordada es uno de los agentes de la policía española que viajó a Marruecos poco después de los atentados con el objetivo de obtener muestras de ADN de familiares de Es Satty. Este procedimiento fue determinante para la confirmación de la identidad del terrorista, fallecido durante la explosión en un chalé de Alcanar, Tarragona. De acuerdo con la información de Europa Press, durante su declaración en la vista oral los agentes españoles explicaron que su actuación fue limitada a un papel testimonial, dado que las autoridades marroquíes se encargaron de todas las gestiones.

La reactivación de la comisión llega tras la prolongada inactividad que se extendió desde la última comparecencia datada el 26 de junio del año pasado. Diversos factores incidieron en este parón, entre ellos la decisión de Junts, grupo parlamentario que había tenido un rol activo en la investigación, de cesar su colaboración con el Gobierno, situación que dejó en suspenso nuevas convocatorias. Fue recién antes de las fiestas navideñas cuando el diputado Txema Guijarro, presidente de la comisión por parte de Sumar, planteó la disyuntiva de retomar las comparecencias o bien comenzar directamente la elaboración de las conclusiones finales.

Una vez se concreten las audiencias de Fernández Ramírez y del agente policial que viajó a Marruecos, los integrantes de la comisión deberán resolver si prosiguen con nuevas citaciones. Entre quienes aún no han comparecido se encuentran altos responsables policiales y de la Guardia Civil, como el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Europa Press consigna que otra posibilidad bajo evaluación es la convocatoria de figuras políticas como el líder de Junts y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La comisión parlamentaria, establecida tras los atentados del 17 de agosto de 2017 que provocaron numerosas víctimas en Barcelona y Cambrils, busca esclarecer las circunstancias que permitieron la radicalización y actuación de la célula yihadista, así como las eventuales fallas o aciertos de los organismos de seguridad y las responsabilidades políticas asociadas. Desde su creación, han comparecido diversos testigos y autoridades, mientras se mantienen abiertas múltiples líneas de indagación vinculadas a la facilitación yihadista y la respuesta institucional previa y posterior al ataque.

Europa Press subraya que el proceso de audiencias sigue sujeto al acuerdo y la cooperación entre los grupos parlamentarios, una dinámica que puede afectarse por las circunstancias políticas del momento. La decisión de retomar las sesiones este mes responde en parte a las demandas de los familiares de las víctimas y de entidades sociales ligadas a la memoria de los atentados, que solicitan claridad sobre la actuación de las instituciones en el caso.

Entre los objetivos pendientes de la comisión figura no solo la determinación de posibles responsabilidades, sino también la formulación de recomendaciones que permitan evitar acciones similares en el futuro. La reanudación de los trabajos parlamentarios se da en un contexto de presión social y política por obtener respuestas satisfactorias sobre los hechos y sus antecedentes. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la prioridad de los legisladores continúa siendo la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas ante la sociedad y las víctimas de los atentados.