Delegación del Gobierno en Melilla investiga insultos racistas de policías a un guardia civil fuera de servicio

La Asociación Comunidad Musulmana de Melilla ha señalado que el incidente ocurrido en una cafetería céntrica constituye una afrenta para la convivencia y la dignidad, si los hechos se confirman. Esta organización, citada por distintos actores sociales y medios públicos locales, enfatizó que su postura de rechazo se basa en la gravedad que representa la vulneración de los valores de respeto e integración, y consideró que situaciones similares deterioran la imagen de las instituciones públicas y dañan la cohesión social de Melilla. El caso se conoce después de que la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, anunciara la apertura de una investigación oficial en respuesta a una denuncia de insultos racistas y descalificaciones proferidos contra un guardia civil fuera de servicio por parte de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, mientras la víctima desayunaba con su familia.

Según consignó el medio que recoge la versión de la Delegación del Gobierno, la situación se habría desarrollado el sábado 31 de enero, cerca de las 10:00 horas, cuando Nebil Mohamed Amaruch, especialista en artes marciales conocido como ‘El Lobo’, compartía mesa con su esposa y sus cuatro hijos en un establecimiento del centro de Melilla. Testigos y denunciantes aseguraron que los insultos recibidos por el guardia civil —que no se encontraba en ese momento ejerciendo funciones oficiales— incluían expresiones de carácter racial y vejatorio, entre las que se habrían citado términos como "mono", "moro" o "chimpancé". Esta información ha sido confirmada tanto por fuentes políticas como por organizaciones sociales de la ciudad y fue recogida en publicaciones de la Delegación del Gobierno en Melilla.

De acuerdo con el medio, Sabrina Moh, quien además es secretaria general del PSOE local, expresó en sus redes sociales la postura institucional frente a estos hechos y destacó que "las actitudes racistas son incompatibles con una sociedad democrática y con las instituciones públicas". En su mensaje, comunicó la activación de mecanismos internos para investigar el episodio y depurar las responsabilidades que pudieran derivarse. Según sus declaraciones: "Nada más conocer los insultos de un grupo de agentes de la UIP, que estaban de servicio, a un melillense, hemos activado todos los mecanismos de investigación para depurar responsabilidades. Ante el racismo y el insulto, tolerancia cero".

Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición en la Asamblea local, denunció lo ocurrido mediante un comunicado en el que expresó su apoyo y solidaridad tanto con la víctima como con su entorno familiar. La formación se refirió a la inadmisibilidad de estos comportamientos cuando emanan de representantes de las fuerzas de seguridad y recalcó la relevancia de la convivencia y el respeto mutuo como fundamentos del tejido social melillense. Según CPM, este tipo de actos, si provienen de quienes deben proteger la seguridad ciudadana, resultan aún más graves y exigen una respuesta contundente.

El diputado del grupo opositor Somos Melilla, Amin Azmani, amplió los detalles sobre el tipo de insultos denunciados y definió el incidente como un ejemplo de delito de odio, que a su juicio resulta "intolerable" y motivo de vergüenza colectiva. Azmani expresó confianza en que la denuncia presentada contribuirá a esclarecer con transparencia todo lo sucedido y reafirmó su respaldo a Nebil Mohamed Amaruch, de quien resaltó la trayectoria personal y el reconocimiento social.

Nueva Melilla también intervino en el debate público a través de declaraciones de su portavoz, Mohamed Busián, que se sumó a las condenas y expresó apoyo hacia la víctima, alineando la postura del partido a la de otras fuerzas políticas y organizaciones implicadas. Como reportó la misma fuente, la condena colectiva ha contribuido a ampliar la demanda de una investigación exhaustiva.

El comunicado de la Asociación Comunidad Musulmana de Melilla incide en que la ciudad representa una referencia de pluralidad y respeto, y que estos valores, según su perspectiva, deben protegerse de forma decidida. Para la organización, el episodio no debe considerarse un hecho aislado ni trivial, sino percibirse en su impacto sobre la convivencia social y el respeto a los derechos, además de las consecuencias reputacionales para las instituciones estatales señaladas en la denuncia.

El medio detalló que la investigación iniciada corresponde a la Delegación del Gobierno en Melilla, que supervisa directa y jerárquicamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad. El proceso deberá esclarecer la secuencia de eventos y determinar, si corresponde, las responsabilidades penales y administrativas derivadas de las supuestas conductas racistas. La repercusión pública del caso ha reavivado las declaraciones institucionales y el seguimiento de organizaciones defensoras de derechos civiles, quienes reiteran la importancia de atender con diligencia situaciones de discriminación y abuso en el seno de organismos públicos.

A lo largo de las últimas horas, la reacción política y social documentada por el medio refleja la extensión del rechazo ciudadano a los comportamientos denunciados. Todas las organizaciones y partidos implicados coinciden en la defensa de la pluralidad y en la intolerancia ante cualquier delito de odio, subrayando la necesidad de garantizar la confianza en los agentes encargados de proteger los derechos fundamentales y la convivencia.