La ley de multirreincidencia llega a su examen final en el Congreso con el PSOE y sus socios de izquierda enfrentados

La aprobación de una reforma penal destinada a combatir la multirreincidencia vuelve a poner de relieve las diferencias internas en el bloque de gobierno, especialmente entre el PSOE y sus socios de izquierda. Según detalló el medio El País, el debate previo a la votación definitiva en el Congreso presenta a los socialistas enfrentados tanto con Sumar como con Bildu, ERC y Podemos, quienes no comparten la dirección que ha tomado la legislación presentada por Junts.

De acuerdo con lo reportado por El País, la iniciativa impulsada por Junts busca endurecer las penas para los delitos reincidentes, incorporando nuevas agravantes y sanciones más severas. El proyecto entró oficialmente en trámite en marzo de 2024, aunque el Pleno del Congreso tardó medio año en admitirlo. Posteriormente, la reforma permaneció sin avances hasta que, tras la ruptura del diálogo entre Junts y el Gobierno, el PSOE accedió a reactivarla, desencadenando una tramitación acelerada en la Comisión de Justicia, donde en una semana se aprobó el texto que ahora se eleva al Pleno.

El principal objetivo de esta reforma penal, según especificó El País, es enfrentar el aumento de hurtos y estafas cometidos por multirreincidentes. En el caso de hurtos cuyo valor no supere los 400 euros, la pena será una multa de uno a tres meses, pero, si se demuestra que el autor ha recibido condenas por al menos tres delitos menos graves, la sanción podrá alcanzar un año a tres años de prisión. Además, se incluye un agravante específico para aquellos hurtos que impliquen la sustracción de teléfonos móviles u otros dispositivos informáticos con datos personales; esta disposición no se aplicará si el hurto corresponde a móviles nuevos sustraídos de una tienda.

Otra modificación de la normativa, pactada con el Partido Popular, el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, amplía el marco del castigo a la multirreincidencia en casos de estafa con ánimo de lucro, siempre que haya existido un engaño suficiente para inducir a error a la víctima. Al calcular la pena, los jueces deberán tener en cuenta tanto el valor económico defraudado como el daño causado, la relación entre perjudicado y defraudador, los medios empleados y cualquier otra circunstancia relevante para la gravedad del delito.

La reforma también contempla una medida cautelar que permite prohibir temporalmente al acusado acceder a ciertas ubicaciones, ya sea barrios, municipios, provincias, comunidades autónomas o incluso limitar su acercamiento o contacto con determinadas personas, estableciéndose esta prohibición de acuerdo con la gravedad y la naturaleza de cada caso, como especificó El País.

Un añadido último al proyecto, introducido a través de una enmienda presentada por el PP, PNV y Junts de viva voz durante la discusión, establece penas de uno a cinco años de prisión para aquellos involucrados en actividades relacionadas con el 'petaqueo' para narcolanchas. Esta práctica consiste en la adquisición, transporte y almacenamiento de combustibles líquidos destinados a facilitar operaciones ilícitas, penalizando toda acción que suponga un apoyo logístico a las embarcaciones utilizadas en el tráfico de drogas.

Las posturas de los partidos en el debate reflejan el distanciamiento entre el PSOE y sus aliados de izquierda. Mientras Junts argumentó que la reforma responde a la sensación de frustración y desamparo ante los delitos reiterados, el PSOE justificó la necesidad de la ley basándose en el reclamo social. El PP subrayó el objetivo de reducir la alarma social y la percepción de impunidad, Vox celebró el aumento de la severidad para el hurto leve y el PNV calificó como transversal la demanda de endurecer las penas para multirreincidentes, según recogió El País.

Por el contrario, Sumar, Bildu y Podemos manifestaron su rechazo, mientras que ERC optó por la abstención. Representantes de Sumar argumentaron que la reforma responde a una tendencia excesivamente punitiva orientada a satisfacer las demandas de Junts. Bildu consideró que el proyecto resulta desproporcionado e ineficaz para prevenir la reincidencia y carece de garantías jurídicas adecuadas. Podemos expresó su preocupación por el riesgo de que la reforma refuerce discursos racistas y xenófobos promovidos por la extrema derecha. Desde ERC se advirtió que la reforma genera expectativas sociales que no serán resueltas a través del aumento de las sanciones penales, reportó El País.

El debate en el Congreso se celebrará a partir del 10 de febrero, cuando el Pleno abordará la propuesta de reforma penal y, tras la votación, la iniciativa pasará al Senado para completar su trámite parlamentario. Según los posicionamientos expresados en comisión, se prevé que la sesión plenaria vuelva a hacer patente la distancia política respecto a la multirreincidencia entre los socios gubernamentales y los grupos aliados de la izquierda.