
El debate sobre la potencial participación de tropas españolas en Groenlandia se da en un contexto marcado por crecientes tensiones internacionales y negociaciones dentro de los foros de la OTAN. Según informó el medio, la presencia española en Groenlandia se había considerado en el marco de un ejercicio militar conjunto, liderado por Dinamarca, en el que también participarían fuerzas de Francia, Suecia, Alemania y Noruega. Voces del Ministerio de Defensa han matizado que este envío contemplaría un contingente reducido de militares y destacó que España actuará conforme a las solicitudes de la Alianza Atlántica.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este lunes ante la Comisión de Defensa del Congreso, a petición propia, para informar sobre el estado actual de las operaciones militares en el extranjero, pero se prevé que el foco principal de la sesión recaiga en la petición de explicaciones sobre la posible implicación militar en Ucrania y Groenlandia, de acuerdo con el relato publicado por el medio. Los grupos de la oposición expectan definiciones del Ejecutivo acerca de estos eventuales despliegues. Según consignó la misma fuente, la propuesta referente a Ucrania involucra la conformación de una misión internacional de paz, bajo el amparo de organismos multilaterales como la OTAN, la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas, cuyo cometido sería supervisar el mantenimiento de la paz en el país europeo cuando finalicen las hostilidades.
El desarrollo de la misión en Ucrania permanece en una etapa preliminar, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, ya que requiere la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania donde se establezcan las condiciones del cese del conflicto y se definan las participaciones de los países interesados. Según detalló el medio, hasta una treintena de Estados han mostrado interés en esta posible misión, aunque la distancia entre Moscú y Kiev respecto a los términos de un pacto de paz, en especial sobre cuestiones territoriales y garantías de seguridad, mantiene en suspenso cualquier avance concreto.
Según la información difundida, la participación de tropas españolas en nuevos escenarios internacionales exige aprobación parlamentaria. Sin embargo, el Ejecutivo no descarta la posibilidad de eludir la autorización de las Cortes si considera que el despliegue responde a intereses nacionales, según publicó el medio. Por ahora, debido a que el conflicto sigue sin resolverse, el Gobierno no tiene previsto solicitar respaldo formal a los diferentes grupos políticos para este despliegue. El interés del Gobierno reside en alcanzar el mayor consenso posible antes de tomar una decisión definitiva. La falta de acuerdo entre los socios habituales del Ejecutivo, así como la resistencia de formaciones políticas como Podemos, Bildu y el Bloque Nacionalista Galego, limita las posibilidades de conseguir un respaldo mayoritario en el Parlamento, según reportó el medio.
En lo que respecta al Partido Popular, el principal grupo de la oposición, el Ejecutivo había planeado mantener una ronda de consultas con su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para sondear la disposición de los ‘populares’ a respaldar un eventual despliegue, pero el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se saldó con más de cuarenta fallecidos y más de cien heridos, llevó a aplazar los encuentros programados, informó el medio. A pesar de los contactos previstos, hasta el momento el PP no ha comunicado cuál sería su posición en caso de que la cuestión del envío de tropas llegue al Congreso.
En paralelo, el despliegue de efectivos en Groenlandia surge en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió públicamente su pretensión de anexionarse este territorio, que forma parte del Reino de Dinamarca, argumentando preocupaciones de seguridad frente a la influencia de China y Rusia. Trump ha declarado que existe un entendimiento al respecto con la OTAN, pero los detalles del acuerdo permanecen reservados, según difundió el medio. La misión española en Groenlandia se enmarcaría oficialmente dentro de maniobras aliadas, lo que, a diferencia de la situación en Ucrania, eximiría al Ejecutivo de la obligación de tramitar la autorización parlamentaria.
El Gobierno reitera que España proporciona respaldo a la OTAN dentro de los compromisos establecidos por la Alianza. Sánchez ha manifestado esta postura tras la última reunión informal del Consejo Europeo, celebrada en el contexto de roces entre Estados Unidos y la Unión Europea, al señalar que los Veintisiete están preparados para defender su soberanía ante cualquier acción unilateral o presión de la actual Administración Trump. No obstante, el presidente español evitó hacer referencia directa al despliegue en Groenlandia durante esa intervención.
Fuentes gubernamentales consultadas por el medio subrayan que, si cualquier país aliado muestra inquietudes respecto a determinadas zonas estratégicas de la OTAN, como sucede con el Ártico, la Alianza debe considerar esas preocupaciones. Esta postura se reflejó en el concepto estratégico aprobado por unanimidad en la cumbre de Madrid de 2022, que estableció las prioridades de la OTAN y los riesgos potenciales a los que se enfrenta la organización.
Actualmente, el contingente español desplegado en operaciones internacionales asciende a cerca de 4.000 efectivos involucrados en 17 misiones repartidas por diferentes regiones. España asumirá el mando de la operación ‘Atalanta’, operativa contra la piratería en las costas de Somalia, así como de la misión de entrenamiento de la OTAN en Irak a partir de 2026, según informó el medio. Estos compromisos forman parte de la hoja de ruta española en materia de defensa internacional, que combina exigencias del contexto global con alianzas estratégicas.
La comparecencia de Robles se presenta en un contexto de enfrentamiento político y debates dentro del propio Gobierno de coalición y entre los principales partidos parlamentarios. El devenir de las discusiones podría repercutir en la postura de España ante futuros escenarios de conflicto o cooperación militar internacional, en función de los acuerdos políticos que se logren en el Congreso.
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