
Colectivos ecologistas han presentado un recurso ante la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) contra la resolución del Gobierno regional de 2 de abril para la extracción de 41 lobos en la comunidad autónoma y han solicitado medidas cautelares para la prohibición de cualquier medida que implique la muerte de ejemplares hasta que haya una sentencia firme.
Ecologistas en Acción Cantabria y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, en representación del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, han informado que han registrado el recurso este lunes tanto contra la resolución de extracciones firmada por el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, como contra las resoluciones de 25 y 30 de abril de la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, con las que se desestimaban los recursos de alzada.
Estos colectivos han indicado en un comunicado que han solicitado al TSJC que se adopte la medida cautelar de prohibición de autorizar o ejecutar cualquier acción que implique la muerte de lobos en Cantabria hasta que se resuelva el recurso contencioso mediante sentencia firme.
Los ecologistas han insistido en que, pese a la que las poblaciones de lobo al norte del Duero han sido excluidas del LESPRE, mediante una modificación legislativa sobre el desperdicio alimentario, el informe del sexenio 2013-2018 muestra que "es una especie cuyo estado de conservación ha sido evaluado como desfavorable-inadecuado en las tres regiones biogeográficas en las que está presente ("Mediterránea", "Atlántica" y "Alpina"), del que forman parte las manadas existentes en Cantabria".
Han considerado que la estimación del número de ejemplares de lobo en Cantabria --de más de 200 según el Gobierno regional-- "resulta manifiestamente arbitraria". En este punto, han apuntado que se desconoce "cómo la administración de Cantabria ha obtenido la cifra de 207 ejemplares para la región, es decir, con qué métodos, tamaños de muestra y análisis llegan a esa cifra que podría suponer el doble de lo realmente existente".
"Al parecer, la Consejería ha considerado que el número de ejemplares de cada manada es de 9 miembros, algo claramente incierto, pues las estimaciones que se han realizado por personas expertas arrojan una media de entre 3,8 y 4,9 lobos por manada, lo que daría, para los 23 grupos detectados, una población de aproximadamente 100 ejemplares en invierno", han detallado estos colectivos ecologistas.
Por otro lado, han hecho referencia al porcentaje de cabezas afectadas por los daños achacados a los lobos en la región, que han señalado que "fue del 0,49% del censo ganadero en 2022, que por justicia deberán ser compensados e indemnizados, pues la actividad ganadera, máxime la extensiva, debe ser igualmente protegida".
Pero, al hilo de ello, han añadido que "no conviene perder de vista que esos daños ganaderos no han afectado siquiera al 0,5% de la cabaña ganadera de la región". "Además, resulta de enorme importancia tener en cuenta que la mortalidad media anual del ganado en extensivo es de al menos el 5%, por lo que las tasas de mortalidad anual del ganado en extensivo son muy similares entre zonas o regiones que tengan lobos, o no los tengan en absoluto", han señalado.
De hecho, han continuado que otras causas (tales como enfermedades, accidentes o senectud) supondrían "10 veces más, de media, de mortalidad que la causada por la depredación de los lobos". Por ello, han afirmado que "los ataques de lobos al ganado, por recurrentes, inconvenientes o dolorosos que puedan resultar, carecen de virtualidad para afectar a la sostenibilidad de la ganadería extensiva".
Con todo ello, han vuelto a cuestionar la autorización de 41 extracciones de lobos "sin priorizar medidas preventivas ni acreditar su compatibilidad con la conservación favorable" lo que, a su juicio, "contraviene la Directiva Hábitats" que obliga a adoptar medidas para garantizar el mantenimiento de dicha especie en un estado de conservación favorable.
Y han añadido que, aunque el 30 de abril el Comité Económico y Social Europeo emitió un Dictamen sobre la procedencia de modificar la Directiva Hábitats para disminuir la protección del lobo en la UE, en el mismo se indica que "las evidencias científico técnicas muestran que los modelos de gestión basados en la eliminación de lobos no son efectivos a la hora de reducir el nivel de daños, ya que mantienen un conflicto continuo entre ganadería y lobo".
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