Los plazos de pago a proveedores mejoran en el sector público pero empeoran en el privado

Madrid, 18 abr (EFECOM).- Las empresas españolas pagaron a sus proveedores a una media de 70 días en 2023, 3 más que el año anterior, mientras que las administraciones públicas lo hicieron a 55 días, 12 menos, en ambos casos por encima de los plazos legales, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha presentado este jueves el informe sobre plazos de pago de 2023, elaborado a partir de más de 500 encuestas, antes de mantener un encuentro con europarlamentarios respecto al futuro reglamento de morosidad europeo.

En este documento, un 25 % de las empresas revela un aumento de los impagados en 2023, un dato que concuerda con el aumento de la ratio de impagados con respecto a las ventas (5,1 %, una décima más), lo que resulta "preocupante" para Cañete porque puede llevar a cierre de empresas, sobre todo las más pequeñas.

De acuerdo a la encuesta, el sector público redujo sus plazos de pago en 12 días, hasta una media de 55 días -por encima de los 30 días legales-, la mayor reducción de la serie según Cañete, que la relaciona con el plan de pago a proveedores en la administración local.

En cualquier caso, el presidente de la plataforma advierte de que este es el plazo en que cobran los contratistas principales, ya que, de acuerdo a su encuesta, los subcontratistas de la administración pública cobran a una media de 99 días.

Las empresas privadas, por su parte, pagaron a una media de 70 días, tres más y lejos de los 60 días legales, lo que rompe la tendencia de mejora de 2021 y 2022 que estuvo relacionada, según Cañete, con las exigencias para cobrar las ayudas covid.

Los encuestados han asegurado que las grandes empresas son las que tardan más en pagar (afirmaron el 59 % de ellos), muy por encima de pymes (26 %) y micropymes y autónomos (15 %), una "vergüenza" para Cañete, porque revela "una posición de dominio que impone plazos de pago saltándose los que marca le legislación".

El 45 % de los encuestados afirmó que las grandes empresas pagan muy por encima del plazo legal, el 36 % algo por encima y solo el 19 % dentro del plazo legal. De hecho, un 62 % de las empresas tiene contratos o acuerdos comerciales que exigen plazos de pago superiores a 60 días, algo prohibido por ley.

Así, el 93 % de los encuestados considera necesario un régimen sancionador en caso de incumplimiento de los plazos de pago.

Con respecto a las iniciativas para mejorar esta situación, Cañete ha advertido de que la exigencia de estar al corriente de pago para recibir subvenciones de más de 30.000 euros no está funcionando porque el 83 % de las empresas en esta situación reconoce que no se les ha exigido esta certificación.

También ha lamentado el retraso en la constitución del observatorio de la morosidad previsto en la ley Crea y Crece, que asegura que estará "en breve" y se enmarcará en el Consejo Estatal de la Pyme, al que se incorporará la PMcM como "representante de intereses".

Asimismo, muestra su confianza en el futuro reglamento europeo de morosidad, que previsiblemente aprobará la próxima semana el Parlamento Europeo, que prevé la creación de autoridades nacionales que controlen que se paga en plazo y, si no es así, se abonen obligatoriamente los intereses de demora. EFECOM

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