Aragón lleva a la fiscalía la compra de mascarillas defectuosas al Grupo Santacatalina

Zaragoza, 2 abr (EFE).- El Gobierno de Aragón llevará a la fiscalía el expediente de compra de material sanitario de protección adquirido en abril de 2020, durante la epidemia de la covid, a una empresa del Grupo Santacatalina en Amsterdam, Escrow & Trust Europe, al entender que se cometió un posible delito de estafa por parte del proveedor al anterior ejecutivo regional.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, quien ha cifrado en 25.382 euros, más el coste proporcional del transporte internacional de todo el material adquirido, el beneficio patrimonial que supuso para el empresario la venta de un material parcialmente defectuoso.

En concreto, según obra en el expediente del Instituto de Servicios Sociales (IASS) del 2 abril de 2020, el anterior gobierno del socialista Javier Lambán pagó anticipadamente al Grupo Santacatalina 244.570 euros por el material solicitado, aunque posteriormente se detectó que 10.000 mascarillas FFP2 y FFP3, que se pagaron a 4,15 euros por unidad, no eran adecuadas para uso sanitario.

El material se recibió el 24 de abril de 2020 y posteriores informes incorporados al expediente cuestionaron la calidad de parte del material recibido, una cuestión que certificó el laboratorio que lo analizó.

A juicio de la consejera, la clave de la presunta estafa se encuentra en un factura en inglés emitida por el Grupo Santacatalina para el departamento de aduanas que reconocía que las 10.000 mascarillas no eran de uso sanitario, una información que fue recibida después del pago y que, en su opinión, demuestra que el proveedor era conocedor de esta situación.

A pesar de que el pago fue convalidado en Consejo de Gobierno en diciembre de 2020 con un informe desfavorable de la intervención, el IASS inició un procedimiento para reclamar el dinero presuntamente defraudado que no obtuvo respuesta alguna de empresa.

La consejera ha añadido que este producto iba acompañado de un certificado simulado que falseaba la realidad del material, lo que llevó inicialmente a los responsables del IASS a su adquisición en la creencia de que reunía las condiciones requeridas.

Tras asegurar que el empresario Emilio Santacatalina ya fue denunciado por motivos similares en Canarias, la consejera ha explicado que con la entrega del expediente a la fiscalía se pretende completar la "obligación legal" de reclamar, que el anterior gobierno no llegó a llevar a cabo a pesar de haber iniciado una reclamación ante la empresa.

Susín ha rechazado que haya algún tipo de intencionalidad política en la coincidencia del anuncio de la denuncia por estos hechos con la constitución de las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. EFE

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