El Supremo plantea acudir al Constitucional para resolver dudas sobre la imposición de sanciones en Fiscalía

El Tribunal Supremo (TS) sopesa acudir al Tribunal Constitucional (TC) para que aclare a quién compete sancionar en la Fiscalía y ante qué tribunal son recurribles las sanciones, en el marco del caso referido a una fiscal a la que se sancionó con 1.500 euros por "retrasos injustificados" en su trabajo, después de que el fiscal jefe provincial de Toledo, Antonio Huélamo, le pidiera seguir trabajando pese a estar de baja por un embarazo de alto riesgo. En una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS se dirige a las partes, la Fiscalía incluida, para que en el plazo de diez días se pronuncien sobre "la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el inciso tercero del apartado tercero del artículo 67 de la Ley 50/1981 por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal". El Supremo explica que la cuestión a dilucidar es "quiénes son competentes para la imposición de sanciones y sobre la impugnabilidad de las mismas" al considerar que dicho artículo puede entrar en colisión con la nueva regulación surgida de la reforma de la Ley 16/2022 en lo tocante a la jurisdicción contencioso-administrativa, vulnerando así el principio constitucional de tutela judicial efectiva. El citado artículo 67 señala que el competente para sancionar con la separación del servicio es el ministro de Justicia, a propuesta del fiscal general del Estado, previo informe favorable del Consejo Fiscal, y que dicha sanción será recurrible judicialmente ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, el artículo 12.b) de la Ley 16/2022 "atribuye al Tribunal Supremo la competencia para conocer de los actos del fiscal general del Estado, mientras que el articulo 11.b) atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para conocer de los actos de los ministros que rectifiquen el acto impugnado". "Aunque la resolución aquí recurrida no modificó la resolución del fiscal general del Estado, sí dio pie de recurso para su impugnación ante la Audiencia Nacional", expone el alto tribunal. La Sala Tercera, con la magistrada Celsa Pico como ponente, acuerda asimismo dejar el caso en suspenso hasta que decida si finalmente acude al Constitucional para que resuelva la duda señalada. "ACOSO POR RAZÓN DE GÉNERO" La fiscal recurrió ante el Supremo con el objetivo de que el alto tribunal anule la citada sanción por infracción grave, que se le devuelvan los 1.500 euros de la multa fijada y que declare que se vulneraron sus derechos. El recurso, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, denuncia "una gravísima situación de acoso por razón de género" contra dicha fiscal, que habría comenzado en junio de 2021, cuando acudió al despacho de Huélamo para informarle de que el médico le había dado una baja por embarazo de alto riesgo. Según el recurso, "una vez recibida la noticia", la conminó a "seguir trabajando en su casa, a fin de despachar su lote, pese a dicha situación de baja por embarazo de alto riesgo y con pleno conocimiento de que la orden dada era absolutamente ilegal". En respuesta, la fiscal envió al día siguiente un correo electrónico a la Inspección Fiscal, dado que "no entendía por qué debía trabajar estando de baja". La inspectora jefe contestó con un documento que tenía como destinatario a Huélamo donde "se va por las ramas" señalando que "la distribución de trabajo corresponde a los fiscales jefes", así como "el deber de trabajar con prontitud y eficacia". Poco después, ya en julio de 2021, "con una conexión temporal total", Huélamo comunica "unos supuestos retrasos en la tramitación de diversos expedientes judiciales" por parte de la fiscal, "cuando hasta la fecha nunca había tenido queja del trabajo desempeñado por la misma". En este sentido, el recurso incluye la transcripción de la conversación que tuvieron en el despacho de Huélamo, donde "resulta evidente que el fiscal jefe reconoce ante la fiscal que la misma lleva un lote de asuntos del que debería encargarse más de un fiscal, por la sobrecarga de trabajo que conlleva". Con todo, para los abogados de la fiscal, resulta evidente que "se le abre expediente disciplinario y se le sanciona por haberse atrevido a cuestionar una orden manifiestamente ilegal del fiscal jefe". AÚN "NO ESTABA DE BAJA" Huélamo declaró el pasado octubre en el TS para negar que pidiera a la fiscal trabajar desde casa durante su baja para ventilar sus asuntos pendientes, explicando que "ese día no estaba de baja" y solo le pidió agilizar lo que pudiera en la jornada laboral que le quedaba. Además, hizo hincapié en que "estando de baja" por embarazo "no trabaja nadie, ni en su casa ni en ningún sitio", a lo que añadió que ninguna fiscal embarazada le ha pedido "ninguna rebaja en su trabajo". El abogado del Estado, por su parte, restó importancia al caso indicando que "lo que pasa es que previamente ha habido quizás algún desencuentro" entre Huélamo y la fiscal. "En las bajas no se trabaja, pero lo que pasa es que si has dejado atraso antes, que era el problema, pues puede surgir esto: que te pidan cuentas de lo de antes", dijo en declaraciones a la prensa al término de la vista.