“Tener que afrontar varios intentos de desahucio cuando ya eres mayor, con todos tus recuerdos, tus libros y tus cuadros empaquetados en bolsas y cajas de cartón por si te tienes que marchar deprisa, es matarnos en vida. Si entras en mi casa, ya no hay ningún cuadro colgado ni libros. No hay nada: solo las paredes, una mesa y cuatro sillas. Vives con lo mínimo por miedo a que te echen en cualquier momento”. Así describe Paca Blanco, histórica activista ecologista y anticapitalista de 77 años, la incertidumbre que atraviesa desde hace ya tiempo en la vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid de la que le quieren desahuciar. Con su inconfundible pelo morado y un discurso directo, esta referente feminista y superviviente del Patronato de la Mujer del franquismo asegura que “va a seguir luchando” por el derecho a la vivienda, aunque la amenaza del desalojo la obliga a vivir con sus pertenencias guardadas.
En principio su desahucio estaba previsto para el próximo 30 de noviembre, pero fue aplazado por dos meses más. Blanco atribuye la decisión de las instituciones a la repercusión del caso de Maricarmen Abascal y a la cercanía de las elecciones, que se celebran el 29 de noviembre.
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“No se trata de solidaridad, sino de que [el Ayuntamiento de Madrid] no quería quedar mal de cara al momento político. Estaba claro que no me iban a desahuciar después de lo que le pasó a Maricarmen y con una acampada en Sol que ha tenido un enorme apoyo. Estos han dicho, ‘mira no te vamos a echar en plena campaña electoral, que ya nos hemos cargado a Maricarmen, no vamos a cargarnos también a Paca’. Ya se esperarán a comer el turrón y luego me echarán”, cuenta en conversación con Infobae.
Blanco también expresa su temor a que un posible gobierno de PP y Vox tras los comicios empeore la situación de las personas vulnerables en materia de vivienda. “No da igual quien gobierne y me preocupa lo que pueda venir. Siempre digo que en una democracia puedes hablar de dictadura, pero en una dictadura no puedes hablar de democracia y de libertad”, añade.
Aunque le han concedido una prórroga hasta el 30 de enero, asegura que esta medida no le da tranquilidad, sino que prolonga una angustia que cada vez pesa más. Además, recuerda, tanto el desalojo de Maricarmen como el de Mariano Ordaz no han hecho más que evidenciar que la lógica de la especulación inmobiliaria no se detiene ni ante la edad ni la vulnerabilidad de las personas afectadas: “El capitalismo no tiene corazón ni sentimientos, solo responde al dinero”.
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Un símbolo de la lucha por la vivienda digna
El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que vivió durante siete décadas en la misma casa en el barrio madrileño de Retiro y que falleció en el hospital tan solo una semana después de ser desahuciada por la inmobiliaria Urbagestión Inversiones y Desarrollo, ha sido especialmente doloroso para Blanco, no solo porque ambas se conocían y han compartido reivindicaciones en varias protestas, sino porque logró que su desalojo se convirtiera en un símbolo de la lucha por la vivienda digna. Maricarmen, a la que habían internado echar en otras cuatro ocasiones, prendió la mecha de la indignación social en toda España: en apenas dos semanas hubo manifestaciones multitudinarias, diferentes acampadas, el rechazo en el Congreso a dos decretos sobre vivienda, un adelanto electoral y la convocatoria de elecciones generales.
“Maricarmen y yo hemos dado mucha guerra y ella ha sentado un precedente, pero le ha costado la vida, porque hasta hace unos meses, pese a tener 87 años y movilidad reducida, estaba bien. Hay que hacerse a la idea de lo que supone que la policía se planta en tu casa, arranque la puerta y te saque en una camilla con todas tus cosas tiradas por el suelo. Porque eso es matarnos directamente”, añade Blanco aún indignada.
También recuerda el desahucio de Mariano Ordaz el pasado mes de mayo, que aunque no tuvo la misma repercusión ni consecuencias que el de Maricarmen, “fue igualmente terrible porque le minaron la salud”. A este pensionista de 67 años que llevaba viviendo toda su vida en el barrio madrileño de Embajadores, le desalojó la Venerable Orden Tercera de San Francisco, propietaria de ese bloque y de otro centenar de pisos en Madrid.
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En la pandemia, Ordaz se quedó sin trabajo y no pudo pagar las subidas del alquiler que le pedía la orden católica, por lo que le exigieron abandonar la vivienda por impago. Según denunció entonces, la entidad rechazó en todo momento negociar una alternativa, incluso que pagara un alquiler social con su pensión.
“Si los franciscanos no han tenido consideración con Mariano, porque actuaron como un fondo buitre, ¿crees que el Ayuntamiento va a tener consideración conmigo?. No tengo duda de que van a ir a por mí”, sostiene Blanco.
La activista lamenta que estas alturas de su vida, una etapa en la que debería estar disfrutando de la jubilación, tenga que afrontar la amenaza de quedarse sin vivienda. “Maricarmen, Paco y yo somos de una generación que hemos conseguido que los jóvenes tengan derechos y creo que nos merecemos más consideración y respeto. Nos hemos jugado la vida en las calles y ahora que hemos llegado a mayores, y en mi caso con un 66% de discapacidad, es terrible que tengamos que vernos así. Al final me veo en la puta calle”, añade.
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La vivienda se la adjudicaron a su hijo
Blanco vive desde hace 12 años en un piso que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo le adjudicó a su hijo y, cuando este se marchó a vivir fuera de España, intentó subrogarse en el contrato sin éxito. Aunque lleva pagando el alquiler durante casi dos años de forma continuada y quiere regularizar su situación, asegura que el Ayuntamiento de Madrid lo rechaza. Es más, la consideran una “ocupante ignorada” y aseguran que estos pisos “no pueden ser transferidos de hijos a padres”.
La EMVS explica que solo recurre a los tribunales ante incumplimientos graves del contrato, como ocupaciones ilegales, cesiones o subarriendos no autorizados e impagos reiterados sin acuerdos de pago, con deudas acumuladas durante años. El Ayuntamiento defiende que estas demandas buscan proteger tanto el patrimonio público como a las personas inscritas a la espera de una vivienda. Y en cuanto a la subrogación, el consistorio indica que solo se concede cuando se cumplen los requisitos legales y contractuales.
No obstante, los colectivos sociales que apoyan a Blanco consideran que la solución está en manos del Ayuntamiento y de la EMVS. Reclaman que se retire de forma definitiva el desahucio, que se reconozca el derecho de la activista a asumir el contrato de alquiler y se fije una renta social acorde con sus ingresos.
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