El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial de los empleados públicos y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), dos medidas que beneficiarán a 5 millones de trabajadores. El Ejecutivo garantizó a CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los funcionarios subirá un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, en cumplimiento del acuerdo marco firmado con los sindicatos, que contempla un incremento global del 11% para el periodo 2025-2028 destinado a los más de tres millones de empleados públicos.
Ese 11% pactado se reparte en un alza del 2,5% para 2025, del 1,5% para 2026 —con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC—, del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028. Al incremento fijo de este año, ya aplicado, se sumará el medio punto extra si la inflación de 2026 iguala o supera ese 1,5%, algo que las previsiones actuales dan por hecho. De confirmarse, ese 0,5% adicional se abonará también en 2027, durante el primer trimestre y con efectos retroactivos.
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Promete “100.000 viviendas más” de protección oficial
En la misma entrevista, Sánchez ha reconocido que la vivienda es “el principal” problema al que se enfrenta España, tras ser interpelado por el periodista Carlos Franganillo por la ausencia de medidas de peso pese a ocho años en el Gobierno, quien también le ha recordado que en 2023 prometió 183.000 viviendas de protección oficial para esta legislatura, una cifra de la que el Ejecutivo se habría quedado lejos.
Ante esto, el presidente del Gobierno ha respondido que desde el Ejecutivo “han impulsado y construido” 120.000 viviendas de protección oficial, a las que ha definido como viviendas asequibles. Además, se ha comprometido a sumar “100.000 más” en la próxima legislatura. El objetivo, según ha señalado el mandatario, es alcanzar que el 6% del total del parque de vivienda en España corresponda a la modalidad protegida o asequible.
“¿Hay que construir vivienda? Por supuesto, pero no solamente está en el cuánto tenemos que construir, sino para quién. Y ahí es donde entra en juego la vivienda asequible", ha continuado diciendo Sánchez, para matizar después que, “al igual que hicimos con la energía”, el planteamiento del Ejecutivo es “intervenir un mercado que no funciona y que necesita regulación”.
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Asimismo, ha criticado que los gobiernos autonómicos de PP y Vox se nieguen “a aplicar la Ley Estatal de Vivienda” impulsada por el Ejecutivo de Sánchez, una situación que “obliga al Parlamento a tener que legislar por encima de las comunidades autónomas”. “En esta última semana que hemos aprobado el real decreto ley, llamado ‘ley de Mari Carmen’, en el que se incluyen medidas como la prórroga automática de dos años del alquiler, las comunidades autónomas del Partido Popular y de VOX ya han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional, y cito textualmente: ‘Por invasión de competencias’”, ha declarado el presidente.
Transferencias a comunidades autónomas y reparto de competencias
Siguiendo con el panorama económico, Sánchez también ha afirmado que el Gobierno ha transferido “más de 300.000 millones de euros” a las comunidades autónomas a lo largo de su mandato, fondos destinados a sanidad, educación y el sistema de dependencia, áreas que son competencia de estos territorios.
“¿Cuál es el problema?”, planteó el presidente, antes de señalar que los gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox, entre ellos el de la Comunidad de Madrid, “lo que han hecho es, de esas transferencias, no reforzar los servicios públicos, sino hacer rebajas a las élites de esos territorios”.
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